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Descontento con reformas

España cierra causa por genocidio contra expresidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin

Actualizado el 23 de junio de 2014 a las 03:46 pm

Medida surge tras una reforma de la justicia universal que limita su aplicación

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España cierra causa por genocidio contra expresidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin

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Madrid.

La justicia española decidió este lunes archivar una causa por presunto "genocidio" en Tíbet contra altos dirigentes chinos, entre ellos los expresidentes Hu Jianto y Jiang Zemin, tras una reforma de la justicia universal que limita su aplicación, informó una fuente judicial.

El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial del país, decidió "por nueve votos a siete, el sobreseimiento de la causa que se seguía contra dos expresidentes y otros seis exaltos cargos del gobierno chino", informó la fuente.

Los magistrados consideraron que "conforme a la reforma de la ley de justicia universal, España no tiene jurisdicción para perseguir unos hechos tipificados como genocidio y lesa humanidad porque los ocho querellados no son españoles ni residen habitualmente en España", precisó.

En noviembre, la Audiencia Nacional emitió una orden de detención internacional contra cinco de ellos el expresidente Hu Jintao  por considerar que existían 'indicios de su participación' en campañas de represión en Tíbet en los años 1980-1990.
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En noviembre, la Audiencia Nacional emitió una orden de detención internacional contra cinco de ellos el expresidente Hu Jintao por considerar que existían 'indicios de su participación' en campañas de represión en Tíbet en los años 1980-1990.

Valiéndose del principio de justicia universal, por el que España se consideraba competente para perseguir este tipo de crímenes si no habían sido objeto de una causa en el país concernido, el denominado Comité de Apoyo al Tíbet presentó, en el 2006, una querella contra Jiang Zemin, Hu Jintao, el exprimer ministro Li Peng y otros cinco exaltos responsables chinos.

En noviembre, la Audiencia Nacional emitió una orden de detención internacional contra cinco de ellos -incluidos Jiang y Li- por considerar que existían "indicios de su participación" en campañas de represión en Tíbet en los años 1980-1990.

China protestó con firmeza ante el ejecutivo conservador de Mariano Rajoy y poco después, el 27 de febrero, el gubernamental Partido Popular (PP, derecha) utilizaba su mayoría absoluta en el Parlamento para aprobar una controvertida limitación de la jurisdicción universal.

"La agenda económica prevalece sobre los derechos humanos, que solo son vistos por el gobierno como fuente innecesaria de problemas", había afirmado el diputado socialista Julio Villarrubia.

La Audiencia Nacional decidió, también este lunes, mantener abierta una investigación por la muerte de un español en el asalto marroquí del "campamento de la dignidad" en el Sáhara Occidental en 2010.

El hermano del fallecido había presentado una querella por genocidio y lesa humanidad contra varios ministros y altos cargos policiales de Marruecos.

En este caso, "la sala de lo penal se declaró competente al entender que España sigue siendo potencia administradora de derecho sobre el territorio del Sáhara, conforme a las normas de Naciones Unidas", afirmó la fuente, precisando que "la jurisdicción se fundamenta en la territorialidad".

Marruecos controla actualmente la que hasta 1975 fue colonia española, ahora reivindicada por los independentistas del Frente Polisario.

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