Bogotá. AFP. El asilo concedido por Panamá a la exjefa del servicio secreto colombiano, implicada en un escándalo de espionaje que toca al exmandatario Álvaro Uribe, puso en aprietos al presidente Juan Manuel Santos, considerado su delfín y presionado para aclarar el caso.
María del Pilar Hurtado, quien dirigió el servicio secreto colombiano (DAS) entre agosto del 2007 y octubre del 2008, es investigada por la Fiscalía en un caso de interceptaciones ilegales y seguimientos a magistrados, políticos de oposición y periodistas durante el gobierno de Uribe (2002-2010).
La Fiscalía estaba próxima a tomar una decisión sobre si Hurtado sería imputada, cuando esta consiguió , el viernes, asilo territorial en Panamá.
El escándalo del DAS apunta al expresidente Uribe, a quien se señaló de ordenar el espionaje de sus detractores y por lo cual lo investiga una comisión del Congreso.
“Estamos ante una jugada política concertada con la señora Hurtado y con personas que tienen cierta influencia y a alto nivel en el Gobierno de Panamá. El primer interesado en que esté fuera del país es el expresidente Alvaro Uribe”, acusó el parlamentario Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático, uno de los partidos que fueron sometidos al espionaje.
Aunque el gobierno de Santos lamentó que Panamá haya concedido ese asilo sin siquiera informarle previamente, hasta ahora no ha habido una protesta formal.
“La Fiscalía ya le pidió que proteste, y la Corte Suprema de Justicia también lo va a hacer, con lo que Santos queda entre darle la espalda a Uribe o apoyar a los organismos judiciales”, consideró la analista política Claudia López.
En los tres meses de Santos en el poder han estallado escándalos de manejos irregulares de fondos en la dirección antinarcóticos y el instituto de atención a víctimas del secuestro, dependientes del Ejecutivo, durante el gobierno Uribe. Sin embargo, el caso del DAS es el que más de cerca lo toca.
Además, Santos marcó distancia con Uribe en otros temas, como el manejo de derechos humanos, con la propuesta de leyes para resarcir a las víctimas del conflicto armado y para restituir tierras a los desplazados por la violencia.