El concejo municipal aprobó la medida por 13 votos a favor y uno en contra. La resolución exhorta a la ciudad a dejar de hacer negocios con Arizona, aunque las autoridades tendrán que evaluar cada contrato para asegurarse de que no corren el riesgo de ser demandadas.
La ciudad tiene aproximadamente 52 millones de dólares en contratos con compañías basadas en Arizona. Fuentes oficiales aseguran que la medida no afectará contratos de mayor tamaño como los de aeropuertos, puertos y plantas de agua y electricidad. El concejo debería considerar suspender viajes, recortar contratos y evitar hacer nuevos tratos con empresas con sede en Arizona, de acuerdo con las recomendaciones de un informe municipal.
El alcalde Antonio Villaraigosa ha dicho que aprobaría la medida.
Sin embargo, la concejal Janice Hahn, copatrocinadora de la resolución, dijo que no sería práctico cancelar la mayoría de esos tratos y que sólo entre 7 y 8 millones de dólares en contratos municipales podrían verse afectados.
La resolución alega que la nueva ley de Arizona es anticonstitucional y alienta la discriminación racial. La ley, que entraría en vigor el 29 de julio requiere que la policía detenga e interrogue a una persona sobre su estatus migratorio si es que existe la sospecha razonable de que tal individuo vive ilegalmente en el país. También convierte en delito grave el vivir ilegalmente en el país.
Varias demandas para evitar que la ley entre en vigor han sido presentadas en la corte federal de Phoenix.
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