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Normativa vigente desde 2023 establece controles ambientales obligatorios para los agricultores que buscan acceder a ayudas en la Unión Europea, lo que generó protestas en varios países

Al igual que otras políticas económicas de la presente Administración, la política agrícola no está suficientemente definida. Hay muchas lagunas y, en el peor de los casos, se vislumbra el retorno a un proteccionismo desfasado, en detrimento del consumidor. Así se desprende de una entrevista al ministro Luis Felipe Arauz, publicada la semana pasada en La Nación.