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El 9% de los jubilados se lleva el 25% del gasto anual del Gobierno en pensiones; reciben pagos mensuales netos superiores a los ¢2 millones.

Proyecto de ley establece un último plazo de 18 meses para que se pensionen, con estos regímenes, los trabajadores que cumplan los requisitos para ello. Vencido ese periodo, nadie más podría hacerlo.

Tal es el caso de una mujer cuyo padre falleció en 1985, hace 32 años. En el momento en que el Ministerio de Trabajo le canceló la pensión, ella tenía 41 años de edad y devengaba ¢5,1 millones mensuales. Su estado civil era soltera y tenía dos hijos.