Un año después del hundimiento del catamarán EcoQuest, que dejó como saldo la muerte de tres turistas, el país sigue careciendo de una legislación que sancione la infracciones en el mar.
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Multas con montos superiores a los ¢424.200 y penas que van desde de uno a 10 años de cárcel, propone la nueva Ley de Navegación Acuática, en trámite en la Asamblea Legislativa