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En el sector público, los privilegios no dependen de los estudios cursados. Un oficial de tránsito o un jardinero ganan mucho más por ser empleados universitarios.


El Estado deberá desembolsar ¢56.000 millones más para elevar su contribución al IVM hasta el nivel exigido por la CCSS. El nuevo cálculo de los aportes estatales beneficiará también a los regímenes de jubilaciones del Poder Judicial y del magisterio.


La imagen de los diputados que “hablen mal” de los empleados del “sector público” figurará en vallas donde les exigirán dedicarse a otra cosa. Ese “sector público” son, fundamentalmente, los funcionarios de las instituciones autónomas, donde los beneficios exagerados se han enquistado