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Una malla que no tiene contención en caso de un atentado o por donde podrían ingresar fácilmente a la propiedad, un condominio vertical situado en la parte trasera, en donde se podrían realizar vigilancia o un atentado contra el Fiscal General o las instalaciones. Esas son parte de las vulnerabilidades que detectó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un edificio que planea comprar el Ministerio Público para albergar a unos 60 funcionarios de la Fiscalía General de la República.