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Iniciativa convocada por Presidencia suspendería cualquier gestión administrativa de cierre definitivo de un pozo y facilitaría su registro ante la Dirección de Aguas del Minae sin cobro retroactivo.

El Estado ignora cómo operan sus 1.500 acueductos comunales –asadas–, pese a que estos se encargan de administrar el 25% del recurso hídrico potable que abastece a sus pobladores.