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La práctica de agredir al prójimo para protestar o exigir concesiones al Gobierno debe ser desterrada. El cierre de vías es una medida de fuerza ejecutada para infligir a los demás el sufrimiento requerido para obligar a la Administración Pública a conceder cuanto se le reclama. Las víctimas, los agredidos, son personas inocentes, obligadas a sufragar el precio de la arbitrariedad.