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El parque empresarial costarricense cayó un 4,5%, o en 6.500 empresas, en el 2020 con el inicio de la pandemia; no obstante, ya se ha logrado recuperar unas 5.300 en el 2021, según un estudio que publicó el Banco Central.

El proyecto promovido por José María Villalta desecha la obligación de acudir al juez y asigna a la inspección de trabajo la facultad de imponer la sanción, convirtiéndola en juez y parte

La Administración Tributaria acude a diferentes medidas antes de aplicar el cierre de negocios, según está contemplado en la legislación .