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La sobrepoblación penitenciaria y el desfinanciamiento de la Dirección General de Adaptación Social han imposibilitado una respuesta a los puntos urgentes de la “estrategia país” en la lucha por la seguridad de los habitantes. Más bien, el endurecimiento de las penas, una mayor eficacia del Poder Judicial y cuerpos policiales mejor equipados y entrenados, han fortalecido el aparato represivo del Estado y han llenado las prisiones.


En una carta a la columna publicada en La Nación, el 22 de octubre del 2013, el señor Alonso Cambronero Campos se refiere a una resolución del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, que aboga por la liberación masiva de personas privadas de libertad. Con el debido respeto, aclaramos que lo resuelto por el citado despacho judicial es una orden para lasautoridades de Adaptación Social, por la cual deben reubicar a 370 personas con sentencia, quienes permanecían en el Centro Institucional San José.


La sobrepoblación de las cárceles es política del sistema penitenciario costarricense. La realidad de la infraestructura disponible no ofrece alternativas. El sistema se declara dispuesto, oficialmente, a excederse en un 20%. Aceptamos, entonces, como país, un hacinamiento a todas luces inconveniente, violatorio de derechos fundamentales y enemigo de todo esfuerzo de rehabilitación.