El Tribunal Contencioso-Administrativo rechazó ayer las dos demandas en contra de la concesión de un nuevo puerto para portacontenedores en Moín, Limón.
Los jueces declararon sin lugar en “todos sus extremos” los alegatos planteados por el Sindicato de Trabajadores Portuarios (Sintrajap) y de la Cámara Nacional de Bananeros (Canaba).
Ambos exigían que se anulara la concesión y el contrato con la firma holandesa APM Terminals, para construir un nuevo muelle con costo de $1.000 millones y capacidad para atender barcos con 12.000 contenedores cada uno.
La sentencia de 173 páginas fue notificada ayer por los jueces José Roberto Garita, Marianella Álvarez y Cynthia Abarca en el Tribunal Contencioso, en Goicoechea.
“No se ha detectado la existencia de vicios sustanciales que exijan la supresión de las conductas impugnadas, en lo que incluye el cartel de licitación y sus modificaciones, acto de adjudicación, contrato de concesión y en su clausulado”, indicaron los jueces en la página 166.
Una parte de la resolución fue divulgada ayer por Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Las demandas eran en contra de APM Terminals, Japdeva, el Consejo Nacional de Concesiones, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y la Contraloría General de la República.
Los demandantes alegaban que la concesión violaba la legislación costarricense y que se otorgó sin los estudios técnicos, ambientales y financieros necesarios.
Cautela. Ayer, Liroy Pérez, vocero de prensa de Sintrajap, dijo que no conocía el fondo de la sentencia, aunque el sindicato analizará la posibilidad de recurrirla en casación.
“Esperábamos cualquier cosa, la verdad es que no teníamos certeza de qué podría salir de ese juicio. Teníamos la esperanza de que podía venir un fallo positivo para la causa nuestra, pero no podíamos garantizarlo”, declaró Pérez.
Por su parte, en un comunicado de prensa, los voceros de la Cámara de Bananeros (Canaba) también indicaron que revisarán la sentencia antes de decidir si la apelarán.
“Nos preocupa que Costa Rica quede atado a un contrato viciado de serios errores, los cuales incrementan costos y amenazan la competitividad del país, porque fija tarifas del proyecto de manera injustificada”, declaró Jorge Osborne, presidente de la Cámara.
Satisfacción. En la otra acera, representantes de APM Terminals, Japdeva y la Casa Presidencial “aplaudieron” el fallo.
“Son excelentes noticias para el país y para la provincia de Limón en materia de inversión, generación de empleo y dinamización de la economía”, declaró la presidenta Laura Chinchilla, en un comunicado de prensa.
Mientras tanto, Allan Hidalgo dijo que este fallo confirma que la Administración cumplió todos los requisitos técnicos, legales, ambientales y financieros.
Paul Gallie, director general de APM Terminals Moín, se expresó en términos muy similares a los anteriores, y agregó que el fallo “ratificó la solidez del procedimiento del contrato de concesión”.
Pese al juicio, la empresa continuó con los estudios ambientales preliminares, que determinarán si es viable construir la plataforma en Moín. Si se cumplen las expectativas de APM Terminals y Concesiones, la primera fase del proyecto debe empezar a construirse en setiembre del 2013.
Por su parte, el sindicato de trabajadores portuarios ya anuncia otra demanda.