Plan lleva varado 3 años, pero 8 empleados en planilla ganan, en total, $50.000 por mes

Por: Patricia Recio 16 junio

De los $100 millones que aportaron por partes iguales la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la firma china CNPCI para el proyecto de la ampliación y modernización de la refinería en Moín, solo quedan $31,8 millones.

El dinero se sigue consumiendo a pesar de que el plan está frenado desde junio del 2013 y de que el Consejo de Gobierno avaló hace un año la disolución de la sociedad con la Corporación Nacional Petrolera de China Internacional (CNPCI) para crear Soresco, empresa conjunta que se encargaría del proyecto.

El problema es que la firma china no acepta el rompimiento, por lo que ocho funcionarios de Soresco aún devengan salarios por un total de $50.400 mensuales.

Ante la situación y en un intento por frenar el despilfarro, Recope acudió al Tribunal Contencioso-Administrativo para que un juez ordene congelar los fondos que quedan de la Refinadora en la empresa conjunta.

La medida cautelar provisionalísima solicitada el 17 de mayo pretende que Soresco se abstenga de utilizar "de cualquier manera, por cualquier mecanismo, para cualquier fin, para cualquier actividad, el remanente del aporte realizado por Recope", hasta que se resuelva el proceso arbitral por la Cámara de Comercio Internacional para la terminación del acuerdo de empresa conjunta.

"El objetivo de la medida cautelar es que, considerando el estado de paralización absoluta de la operación de Soresco S. A., no se continúe gastando el aporte de capital provisto por Recope", confirmó a La Nación, la oficina de prensa de la Refinadora.

Según el detalle dado a conocer por Recope, de los $100 millones aportados en partes iguales por cada una de las empresas, ya se gastaron $68,1 millones. De esa suma, $64 millones se usaron para pagar obras del proyecto, principalmente los estudios de factibilidad que, al final, fueron invalidados por la Contraloría General de la República (CGR).

Recope
Recope

Dentro de este rubro también están los salarios que actualmente se siguen pagando, así como todos los gastos de la empresa, aunque se desconoce su operación.

Durante el 2016 se gastaron, en promedio, $150.000 por mes para mantener la empresa en la que actualmente laboran tres costarricenses y cinco ciudadanos chinos.

Inicialmente, la planilla era de 26 trabajadores, que devengaron $2,8 millones en salarios entre julio del 2010 y noviembre del 2012, antes de que la iniciativa se paralizara.

El plan original era que la ampliación de la refinería estuviera concluida en el 2017. El proyecto tenía un costo estimado de $1.500 millones, de los cuales $1.300 millones se destinarían a la construcción de la planta que iba a tener capacidad de procesar 60.000 barriles de petróleo al día.

"Divorcio" difícil

Los problemas entre Recope y CNPCI se iniciaron en el 2013 cuando la CGR ordenó retrotraer el proyecto a su fase de pre-inversión, al prohibir el uso del estudio de factibilidad realizado por la empresa china HQCEC para sustentar acciones relacionadas con la ejecución del proyecto.

El análisis de factibilidad elaborado por HQCEC y los posteriores estudios que se basaron en este, fueron rechazados por el ente contralor debido a que la firma china contratada estaba vinculada con CNPCI. Esa primera pifia dio con la renuncia del entonces presidente de Recope, Jorge Villalobos.

Los socios chinos se negaron a repetir el estudio de factibilidad, como dictó la Contraloría. Tampoco le permitieron a Recope hacer otro.

Como parte de las medidas para rescatar el plan, la Refinadora planteó la posibilidad de que CNPCI vendiera parte de sus acciones a un tercer socio para que se repitiera el estudio, pero esto tampoco fue acogido.

Luego de más de tres años de estancado el proyecto, finalmente en abril del año pasado, la presidenta de Recope, Sara Salazar, anunció la decisión de disolver la empresa conjunta. Así lo comunicó en una comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.

No obstante, a la fecha, eso no ha sido posible.

El 11 de enero de este año, ambas partes se reunieron en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Soresco que se realizó en Pekín, China, donde no hubo acuerdo alguno. Según Recope, CNPCI no estuvo anuente a la separación.

Por el contrario, durante esa cita, la compañía china anunció la posibilidad de reclamarle daños y perjuicios a Recope por la decisión de disolver la empresa.

En la misma asamblea, CNPCI también planteó una reducción de capital de trabajo de $20 millones, repartidos por igual entre las partes, para que Soresco operara por unos siete años más, pero Recope rechazó tal posibilidad.

"Precisamente, la necesidad de contar con la anuencia de CNPCI para disolver la sociedad es lo que ha impedido que se realice la disolución, ya que de conformidad con el Acuerdo de Empresa Conjunta, las decisiones de la Asamblea de Accionistas de Soresco solo pueden ser adoptadas por unanimidad", informó Recope a este diario.

De esta forma, Soresco sigue en pie, aunque ya sin tener un objetivo.

Fiscalía determinará delitos

En un informe de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto sobre la fallida refinería con China, los diputados pidieron acelerar la investigación a cargo de la Fiscalía para determinar si en la ejecución del plan hubo funcionarios de Recope que pudieron haber incurrido en alguna supuesta conducta delictiva.

En sus conclusiones, dadas a conocer en abril pasado, los legisladores solicitaron esclarecer si proceden acusaciones penales contra los miembros de la juntas directivas de Recope, los representantes de Soresco y quienes aceptaron el estudio de factibilidad que ocasionó el conflicto.

El principal reclamo de los parlamentarios se basó en que se consumió la mitad de los fondos destinados para la obra, sin que los ciudadanos vieran algún beneficio.

En mayo, el Ministerio Público confirmó a La Nación que aún se encuentran en la etapa de recolección de pruebas.

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