Pocas asociaciones solidaristas reúnen los requisitos necesarios para tramitar bonos de vivienda y ofrecer financiamiento con recursos estatales, de acuerdo con un reglamento que elabora el Banhvi.
Una ley aprobada por el Congreso en abril y firmada el viernes por la presidenta de la República, Laura Chinchilla, convierte a las asociaciones solidaristas en entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
No obstante, el reglamento plantea como condición que las organizaciones tengan como mínimo 500 afiliados, según indicó el presidente del Movimiento Solidarista, Enrique Acosta.
Únicamente el 5% de las 1.600 asociaciones solidaristas que hay en el país, cumple con esa condición, según los cálculos de Acosta.
“Ese es un requisito que no van a poder cumplir todas las asociaciones pero creemos que a través de las más grandes se puede crear una plataforma sobre la cual se pueden montar las organizaciones más pequeñas”, explicó el representante del solidarismo.
Acosta aclaró que nunca aspiró a que todas las asociaciones pudieran acceder directamente a esos recursos, ya que el manejo de fondos públicos representa una responsabilidad grande.
Pese a eso, considera que la nueva ley complementará los esfuerzos que las organizaciones afiliadas tradicionalmente han hecho en el ámbito de las vivienda.
“Muchas de los proyectos sociales de nuestras organizaciones están vinculados a las soluciones de vivienda entre los afiliadas y con esta autorización vamos a poderle llegar a un sector que no tenía acceso a soluciones de vivienda de manera amplia”, dijo Acosta.
Se le pidieron más detalles sobre el reglamento al gerente general del Banco Hipotecario para la Vivienda (Banhvi), Manuel Párraga, sin embargo, indicó que no daría más información sino hasta hoy.
Esto, debido a que la ratificación del borrador en la junta directiva estaba prevista para anoche.
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Banhvi están trabajando de cerca con el Movimiento Solidarista en un programa de capacitaciones para los dirigentes, que incluye información sobre el manejo de los trámites, procedimientos y los controles que deben tener las entidades.
En Costa Rica hay alrededor de 475.000 trabajadores solidaristas, cifra que equivale al 20,7% de la fuerza laboral.
Según datos del Movimiento Solidarista, en conjunto, todas estas organizaciones poseen un patrimonio de $3.241 millones.