La diligencia se realizó ante un órgano de la Contraloría General de la República que investiga el uso de los fondos.
Inicialmente, la audiencia era pública. No obstante, representantes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) solicitaron que se declarara privada, con el argumento de que se revelarían indicadores económicos e información financiera sensible en un marco de competencia.
La Contraloría acogió dicha solicitud e impidió el ingreso de la prensa.
Aparte de Bermúdez, otros tres funcionarios son indagados por este caso.