El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) le impide al consorcio CyE revelar los informes de supervisión sobre la ampliación de la carretera Cañas-Liberia, en Guanacaste.
Así lo confirmaron los ingenieros Gerardo Prada y Óscar Sánchez, en representación del consorcio Cacisa-Euroestudios (CyE) ante una consulta de La Nación.
“Lamentablemente, la información del proyecto puede ser entregada únicamente por los funcionarios autorizados en el Conavi. Dentro de nuestro contrato existe una cláusula de confidencialidad que nos inhibe, sin previa autorización por parte de la Administración, dar a conocer temas relativos al proyecto”, argumentaron Prada y Sánchez en un correo electrónico.
En los informes de supervisión se puede conocer si hay deficiencias en los planos o los diseños de la obra, y si hay defectos en el proceso constructivo que se deben corregir.
Al respecto, Kenneth Solano, director de la Unidad Ejecutora del Proyecto Cañas-Liberia alegó que “no existe nada secreto ni privado, simplemente un interlocutor autorizado”.
Para respaldar su afirmación, Solano aportó la cláusula 3.3 del contrato entre el Conavi y el consorcio supervisor.
“El consultor y su personal, excepto previo consentimiento por escrito del contratante, no podrán revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad ninguna información confidencial adquirida en el curso de la prestación de los servicios; ni el consultor ni su personal podrán publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los servicios”, dice la cláusula.
El contrato de supervisión está valorado en ¢2.795 millones, y lo firmó el 11 de mayo del 2012 el entonces ministro de Transportes y presidente del Consejo de Administración del Conavi, Luis Llach.
Este convenio, al igual que la construcción de la carretera de 50 kilómetros entre Cañas y Liberia, son financiados con un aporte de $150 millones de un crédito del Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Inconsistencia. Pese a la existencia de esta cláusula de confidencialidad, en setiembre del año pasado el consorcio Cacisa-Euroestudios convocó a una conferencia de prensa en la que denunció que los planos constructivos del proyecto estaban incompletos.
En su momento, el Conavi desmintió lo señalado por la supervisora y, desde entonces, el consorcio no volvió a revelar información.
Aunque existe una página en Internet dedicada a la supervisión del contrato Cañas-Liberia , los informes mensuales no se actualizan desde setiembre del año pasado.
Además, en octubre de ese año, un mes después de la conferencia, CyE tenía prevista una gira de campo con periodistas, que nunca se realizó.
Pedro Castro, actual ministro de Obras Públicas, aseguró que no está opuesto a que la supervisora informe sobre el proyecto, pero alegó que primero debe darse una autorización del Conavi.
“El BID, particularmente, y nosotros hemos seguido su recomendación: sí considera improcedente que ellos (CyE) estén revelando información por cuenta de ellos”, dijo Castro.