EscucharLa junta directiva del Banhvi aceptó que un grupo cooperativo acusado de administración fraudulenta de bonos de vivienda solo le pagara tres de diez años de intereses por un dinero reclamado en los tribunales.
La decisión tiene que ver con una demanda presentada en 1998 por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) contra Unacoop y Univicoop, según la cual esas organizaciones desviaron ¢233 millones de bonos de vivienda.
Una década después, en abril del 2008, Rodolfo Navas, gerente de Unacoop, envió una propuesta de conciliación al Banhvi en representación de los dirigentes de ambos grupos cooperativos.
Navas propuso pagar los ¢233 millones reclamados más los honorarios del abogado contratado por el Banco. Los directivos rechazaron esa primera propuesta.
Luego, el dirigente planteó que podían pagar los ¢233 millones reclamados, los honorarios y ¢64 millones de intereses, correspondientes a tres de diez años. En total, los intereses ascendían a ¢326 millones.
Ennio Rodríguez, entonces gerente del Banhvi, recomendó aceptar la propuesta, pero la junta solicitó una mejora. Sin embargo, Navas escribió de nuevo y dijo: “Examinadas nuestras posibilidades reales de mejorar la propuesta que hemos hecho, ofrecemos subir el pago de intereses a ¢130 millones, pero en seis años a partir de enero del 2009”.
El gerente del Banvhi recomendó aceptar los ¢130 millones, pero no en seis años, sino en uno.
Sin embargo, Navas dijo que no podían adquirir compromisos imposibles de cumplir, por lo que dejaron la oferta en ¢64 millones.
Ennio Rodríguez sugirió aceptar los ¢64 millones en un plazo menor porque había mayor seguridad de que fuesen pagados.
El 23 de junio del 2008, con el voto positivo de Fernando Zumbado, entonces ministro de Vivienda, la junta aceptó recibir ¢233 millones de principal, ¢64 millones de intereses y ¢10 millones de honorarios legales.
María Alfaro Murillo, directiva del Banhvi, votó en contra al estimar que existía la posibilidad de que se hubiese cometido un delito en este caso.
“Lo más importante, desde el punto de vista ético y moral, es enviar un mensaje claro de que los fondos públicos se deben administrar correctamente y que las personas que no lo hacen deben recibir el peso de la ley”, dijo.
Por su parte, la directiva María Estela Segura Flores también votó en contra al decir que la causa tenía 10 años y se dejó de lado gran parte de los intereses.
