Aresep le quita dos rutas a autobusera de Guanacaste por acumular deuda de ¢25,4 millones en canon de circulación

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) retiró la explotación de dos rutas de transporte público en Santa Cruz (Guanacaste) a la empresa de buses Tralapa en Santa Cruz por impago de canon de circulación.

La Aresep adoptó esa decisión el 5 de mayo anterior mediante resolución RE-0056-JD-2020 con lo cual despojó a la empresa de la explotación de las rutas 503A (San José-Santa Cruz-27 de abril-playa Junquillal-Tamarindo-playa Flamingo por carretera Interamericana) y 570 (playa Panamá-San José).

Al momento de la decisión, Tralapa mantenía una deuda de ¢25,4 millones correspondientes a sumas acumuladas entre el último trimestre del 2015 y finales del 2017.

Según la resolución, se tuvo por demostrado que Tralapa incumplió el artículo 39 de la Ley de la Aresep (ley 7593), según el cual se declarara caduca la concesión a cualquier empresa de transporte público que acumule al menos tres meses de morosidad.

Por esa razón, la Aresep retiró la explotación de ambas rutas a dicha empresa.

Asimismo, la Autoridad Reguladora concedió al Consejo de Transporte Público (CTP) un plazo de tres meses para adjudicar las rutas a otra empresa. Mientras ese órgano resuelve, Tralapa debe mantener el servicio.

La empresa tenía más de 34 años de realizar ambos recorridos.

Entre las decisiones tomadas por Arese también está investigar si la empresa debe el canon de circulación por la explotación de otra ruta todavía a su cargo: la 1511 entre San José y playa Flamingo que pasa por el puente de la Amistad sobre el río Tempisque (entre los cantones de Cañas y Nicoya).

En el 2014, la Aresep impuso a esta misma empresa una multa de ¢7,3 millones por cobrar tarifas no autorizadas, según la resolución RRG-016-2014 del 9 de enero de ese año.

En marzo del 2014, además, se le habían dado 30 días hábiles para ponerse al día con el pago de sus obligaciones obrero-patronales. En aquel momento, la autobusera adeudaba ¢155 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y mantenía otra deuda por ¢85 millones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).