EscucharEl pozo de agua del cual se abastecen 273 vecinos de Quintas Don Fernando, en San Rafael de Esparza, Puntarenas, está contaminado con arsénico. Sin embargo, se desconoce la fuente de contaminación con esa sustancia, que expone a los lugareños a sufrir enfermedades como cáncer.
Por este caso, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo el 16 de junio. En la sentencia emitida, los magistrados dieron un plazo de seis meses para que se realice un estudio con el fin de determinar el origen de la contaminación; además ordenó coordinar con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara) la investigación.
Los recurridos son la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Rafael de Esparza Quintas Don Fernando, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Esparza y el Ministerio de Salud.
Cuando el estudio esté listo y se conozca qué causa la presencia de arsénico en el agua de consumo humano, los resultados deben hacerse de conocimiento público, advirtió la Sala.
Desde el 2019, estas instituciones habían informado a los vecinos de Quintas Don Fernando sobre la contaminación. Entre los 273 habitantes que toman del pozo hay personas con discapacidad y con afectaciones neurológicas, menores de edad y adultos mayores.
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Los magistrados de la Sala Constitucional han emitido varias sentencias relacionadas con la protección al derecho a la salud en comunidades afectadas con la contaminación del agua de consumo humano. (Sala Constitucional)
El recurso de amparo se tramitó bajo el expediente 22-023140-0007-CO. Los magistrados, además de fijar un plazo para identificar la causa de la contaminación con arsénico, ordenaron tomar las medidas necesarias para solucionar este problema.
Entre otras cosas, a los vecinos se les debe garantizar el servicio de agua potable mientras no se resuelva la contaminación. Además, con un mínimo de tres meses, las autoridades deberán evaluar la calidad del agua en los acueductos afectados.
Derecho humano
El magistrado Fernando Cruz Castro, instructor del caso, enfatizó en los riesgos del arsénico para la salud pública.
Según recordó, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene al arsénico entre una de las diez sustancias químicas más peligrosas para la salud pública.
“(...) la exposición prolongada a este químico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. Por eso, esta sentencia a favor de esta comunidad es tan importante, porque busca resguardar un derecho fundamental.
“En reiteradas sentencias, la Sala Constitucional ha reconocido como un derecho humano el acceso al agua potable. Para garantizar la salud de las personas, se ordena implementar un sistema seguro de abastecimiento de agua potable”, señaló el alto juez.
La Sala IV también instruyó hacer campañas de información mientras subsista la contaminación. Esas campañas deben dirigirse a la comunidad, explicar el problema y advertir los únicos usos que se le pueden dar al recurso hídrico.
En su sentencia, se condenó al AyA, al Estado y a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de San Rafael de Esparza Quintas Don Fernando al pago de las costas, daños y perjuicios.
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El 6 de junio, la Sala Constitucional dio seis meses como plazo máximo para resolver otro problema de contaminación del agua. En esa ocasión se trató de clorotalonil, una sustancia que dañó el agua consumida por unos 8.000 habitantes de Cipreses y Santa Rosa, en Oreamuno de Cartago.
El acueducto de la Asada de Santa Rosa de Oreamuno está contaminado con el químico desde el 2021. El clorotalonil es un químico que se utiliza en el control de enfermedades producidas por hongos, ácaros y moho en siembras de tomates, papa, frutas y pastos, entre otros.
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