EscucharLa Unión de Cámaras manifestó su oposición al acuerdo del Consejo de Gobierno de suspender a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pues, a su criterio, la medida “riñe con el marco normativo”.
En consecuencia, los empresarios solicitan al presidente Rodrigo Chaves Robles corregir lo anunciado “de forma inmediata” para no paralizar la toma de decisiones en la Junta Directiva “de la institución más importante para el país”.
La decisión, según Casa Presidencial, se tomó por la aprobación del alza salarial retroactiva para los empleados de la Caja, la cual impactaría las finanzas de la entidad.
“El Estado puede remover a sus representantes, no así a los del sector patronal ni a los del sector laboral, salvo las excepciones que la propia ley indica”, señaló la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), en un boletín que circuló entre sus agremiados a pocas horas del anuncio realizado por Rodrigo Chaves después del Consejo de Gobierno, el miércoles 7 de diciembre.
La Uccaep tiene tres representantes en la Junta Directiva de la CCSS: Jorge Arturo Hernández Castañeda, Marielos Alfaro Murillo y Adrián Torrealba Navas.
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El máximo órgano decisor de la CCSS lo conforman, además, tres representantes del Estado (Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Juan Ignacio Monge Vargas y Carlos Salazar Vargas), y tres de los trabajadores (Maritza Jiménez Aguilar, José Luis Loría Chaves y Martha Rodríguez González).
Uccaep insistió en que el Poder Ejecutivo no puede pasar por encima de las funciones que la ley le ha otorgado e hicieron énfasis en el artículo 8 de la Ley Constitutiva de la CCSS, según el cual, los representantes de los sectores son inamovibles, salvo ‘que llegue a declararse en su contra alguna responsabilidad legal o que caigan dentro de las previsiones de los artículos 7º, inciso b) y 9º'; todo para lo cual debe haber un debido proceso y sentencia en firme, cosa que no que no aplica en este caso”.
Uccaep demandará respeto a marco normativo, ante suspensión de directivos de CCSS.
La Unión de Cámaras aseguró respetar la decisión, pero se opone a ella. También afirmó tener claro que el Poder Ejecutivo puede presentar las denuncias que considere convenientes, pero adelantó que defenderá el buen actuar de sus representantes en las distintas instituciones del Estado ante cualquier amenaza que riña contra el principio de legalidad.
Además de suspender a cinco miembros de la Junta Directiva de la CCSS, el Consejo de Gobierno acordó presentar contra ellos una denuncia penal, lo mismo que contra Álvaro Ramos, quien ocupaba la Presidencia Ejecutiva cuando se aprobó el alza de salarios, en setiembre.
Reacción sindical
Por su parte, la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) publicó en sus redes sociales su inconformidad con la medida del Poder Ejecutivo.
Exigieron al Consejo de Gobierno y al Poder Ejecutivo dar marcha atrás ante lo que califican como “una ilegalidad” y llamaron a los trabajadores a defender la institucionalidad. Así lo hicieron en un comunicado que firman junto a la Unión Sindical integrada por Centrales y Confederaciones, organizaciones magisteriales y el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco).
Para la Unión Médica Nacional, la medida del Gobierno es un “revanchismo político” que violenta la autonomía de la CCSS y que deja a la institución, manifestaron, sin dirección en uno de los momentos más importantes de su historia.
En una dirección parecida se pronunciaron el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca) y la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE).
El mandatario manifestó que la Junta, incluido Ramos, aprobó el aumento en contra del criterio de la Dirección Actuarial del Seguro Social que, tal como reveló La Nación el 13 de setiembre, advirtió sobre las repercusiones financieras de la decisión.
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El pago retroactivo a los 63.000 trabajadores de la Caja, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, tendrá un costo de ¢29.000 millones. La decisión incrementa el gasto salarial a futuro en más de ¢10.000 millones por año.
La Nación reveló, el 26 de octubre, que cuatro integrantes de la Junta Directiva no se abstuvieron de discutir y aprobar el alza salarial, a pesar de contar con familiares que se beneficiarán de la medida.
Aumento salarial retroactivo en CCSS beneficia a familiares de directivos
Esos directivos son Martha Rodríguez, de los sindicatos; José Luis Loría, del movimiento cooperativista; Jorge Arturo Hernández, de los patronos; y Carlos Salazar, nombrado por el Poder Ejecutivo.
