Dirigente sindical de CCSS: ‘Esto hace que se pierda la paz social. Le puedo asegurar que se va a poner bien caliente'

“La gente está sumamente caliente con esto que acaba de hacer la Contraloría. Fueron ocho días de huelga para llegar a un acuerdo equilibrado y legal. Le puedo asegurar que la situación se va a poner bien caliente”, manifestó el médico y dirigente sindical.

Sus declaraciones a La Nación se dieron pocos minutos después de hacerse público el oficio donde la Contraloría General de la República (CGR) ordena a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas e ignorar los acuerdos firmados con los sindicatos.

"Consideramos muy grave el asunto por cuanto el acuerdo (del 12 de agosto) fue firmado por el Poder Ejecutivo y las autoridades de la Caja. Ahí estaban el ministro de Trabajo (Steven Núñez) y Víctor Morales (ministro de la Presidencia).

“En Siprocimeca, convocaremos a una asamblea la próxima semana, martes o miércoles, para hacer una valoración”, dijo el dirigente sindical.

“Esto hace que se pierda la paz social. En los chats nuestros la cosa está caliente, pero nosotros vamos a hacer la asamblea como legalmente corresponde”, manifestó el también médico y exdiputado.

Atencio se encontraba reunido con el comité ejecutivo nacional de Siprocimeca en una sesión convocada previamente.

Según explicó, pretendían revisar el tema de ley 21.049, Ley para brindar seguridad juridica sobre la huelga y sus procedimientos, y analizar los acuerdos del 12 de agosto.

El criterio de la Contraloría los obligó a cambiar de planes, admitió.

“Tomaremos las decisiones que correspondan. No podría decir cuáles serán los resultados de esa asamblea y cuál será la reacción de la gente. Los acuerdos firmados van más allá de la ley, porque incluyen incumplimientos de la Caja como el pago retroactivo con el ajuste legal salarial de este año, y el reconocimiento de la carrera profesional”, dijo el dirigente.

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Siprocimeca es uno de los 17 sindicatos que forman parte del Frente Sindical en Defensa de la Caja, que fue el que organizó la última huelga en los hospitales públicos.

La huelga postergó más de 1.600 operaciones, 82.000 citas con médicos y más de 20.000 exámenes y procedimientos diagnósticos en todo el país.

Esta huelga finalizó con la firma de un nuevo acuerdo, el 12 de agosto, en donde Gobierno, CCSS y sindicatos se comprometen a enviar a un tribunal contencioso administrativo un proceso de lesividad donde se aclaren los diferendos sobre el pago de anualidades y pluses a los más de 57.000 empleados de la institución.

La resolución de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa con la orden para ignorar ese acuerdo y el del 20 de febrero, se emitió este jueves.

Para Atencio, “la Contraloría es la misma carajada del Gobierno”. “¿Qué se puede esperar de un abogado del Gobierno? Esto lo esperábamos desde hace rato”, manifestó.

Lenín Hernández, del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), coincidió con Atencio en que esta situación afectará lo que él llamó “diálogo social” y “armonía entre sectores”.

“Vemos con recelo el criterio de la Contraloría por varias razones de índole legal. La Contraloría se está enfocando de forma distorsionada sobre la aplicación de la ley 9635. La regla fiscal, estamos claros, no aplica en la Caja. El tema de discusión son los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas. Esto se está tergiversando. Tomaremos las medidas legales”, advirtió el dirigente sin adelantar cuáles.

“Sí se está viendo afectado el diálogo y la sana armonía entre todos los sectores, y esto podría detonar en una situación que, de repente, genere algún movimiento de presión. Esto lo deben tomar en consideración el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para abrir nuevos espacios de diálogo”, dijo Hernández.