El Centro Psiquiátrico Penitenciario, creado en el 2011 para atender a reos con problemas mentales está colapsado. Desde hace dos semanas, este anexo del Hospital Psiquiátrico, rebasó sus capacidades instaladas y ya no puede recibir nuevos pacientes.
A la fecha, el centro cuenta con 114 camas, todas ellas ocupadas, pese a que su capacidad instalada original era de 90.
"Hemos tenido que adaptar espacios seguros para atender (a más) pacientes. En el Centro ahora es definitivo, no se puede recibir más gente", confirmó Lilia Uribe, directora del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí.
La alerta se da luego de que empleados del Hospital Psiquiátrico expresaran descontento por la permanencia de reos con trastornos mentales en las salas de observación del Hospital y anunciaran un paro de labores para este jueves 4 de setiembre.
Uribe confirmó este lunes la permanencia de al menos dos pacientes con medidas de seguridad especiales en el área de observación del hospital. Esto los obliga a restringir el acceso a este sector y bloquear algunas camas que podrían beneficiar a otras poblaciones por un asunto de seguridad.
Como esta área no puede ser utilizada por toda la población, el centro médico se ve obligado a internar pacientes que pudieron ser atendidos en observación.
"A veces vienen personas de difícil manejo y algunos tiene conductas delictivas serias. Observación no tiene las condiciones de seguridad adecuadas, es más que todo el tema de inseguridad", comentó la doctora.
Los expedientes de los sentenciados o indiciados, su ingreso y análisis se realizan en las instalaciones del Hospital Nacional Psiquiátrico, debido a que el Centro Psiquiátrico Penitenciario funciona como una ente adscrito con capacidades limitadas.
La posibilidad de recibir a más pacientes dependerá de las salidas que se logren tramitar, proceso que puede tardar hasta seis meses, precisó Uribe.
Carlos Alberto Gómez, secretario del sindicato de Salud y Seguridad Social, considera que la medida permanente tomada por las autoridades con la creación del Centro se convirtió en paliativa, debido a que en tres años la ocupación duplicó a la inicial. En el 2011 el lugar abrió con 50 pacientes y fue subiendo hasta las cifras actuales.
Más que espacio.
Uribe asegura que el tema de la sobrepoblación tiene más de un arista, al cuestionarse si realmente todos los casos requieren de internamiento y hasta donde le corresponde a las autoridades de salud atender a esa población, ya que muchos casos permanecen por años en el centro o bien no son recibidos en sus casas una vez dados de alta.
Hugo Porter, juez coordinador del Tribunal Penal de Goicoechea, explicó que la decisión de que se tome una medida de seguridad o una sentencia ordinaria dependerá en un 99% del diagnóstico psiquiátrico de Medicatura Forense.
"Los jueces son los que toman la decisión de que se someta a una medida de seguridad, que corresponde a un tratamiento que busque sanar o estabilizar al sujeto", comentó.
El juez aclaró que la decisión de dónde y con qué seguridad se ejecuta la sentencia le corresponde al Ministerio de Justicia y Paz; no obstante, Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social del Ministerio, descartó responsabilidad sobre la permanencia de los pacientes en el centro y aseguró que unicamente se deben ocupar de la vigilancia y seguridad.
En medio de esta discusión, Uribe afirma que ya están en negociaciones con autoridades del Ministerio de Justicia, Poder Judicial y Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A esta última instancia presentarán el jueves un documento con las propuestas de acción, que no fueron dadas a conocer.
Ese mismo día, el sindicato planea detener en al menos un 80% la actividad tanto del Hospital como del centro, en las que se incluye servicios como terapia ocupacional, enfermería, mantenimiento, nutrición y farmacia.
En total, el Centro Psiquiátrico Penitenciario y el hospital atienden a 543 pacientes.