Escuchar
Cuatro funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan, desde el 6 de junio, una investigación administrativa por la compra de un edificio, valorado en $4,5 millones, que no se podía utilizar. El inmueble, ubicado en Sabana norte, fue adquirido en julio de 2020 para el traslado inmediato de 138 trabajadores, pero problemas en la distribución, el cableado y deficiencias en la infraestructura para telecomunicaciones impidieron su uso hasta marzo de 2021.
Para reparar el edificio y adecuarlo a las necesidades de la entidad fue necesario invertir ¢1.176 millones (casi $1,7 millones, al tipo de cambio actual). Además, un informe de la Auditoría Interna de la CCSS señaló que se pagó más de lo que se debía por las instalaciones de 3.142 metros cuadrados (m²), pues el perito de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías que fijó el valor no se apegó a las tipologías del Manual de Valores del Ministerio de Hacienda y tasó el precio del m² para el sótano ¢525.000 por encima de lo debido.
El sobreprecio cancelado por la Caja consta en el informe AD–ASAAI-1277-2019, firmado el 20 de mayo del 2019 por Ólger Sánchez Carrillo, auditor Interno de la CCSS. En el documento, los auditores previenen que José Joaquín León, funcionario a cargo de la valuación, utilizó una tipología errónea para determinar el monto a pagar por los 881 m² del sótano para estacionamientos. Detallan que se basó en la tipología EO06 (¢775.000 por m²) y no en la EP02 (¢250.000 por m²).
La oficina de prensa de la CCSS confirmó la apertura del proceso contra los cuatro funcionarios bajo el número de expediente 22-00139-1105-ODYP. Los funcionarios cuestionados son la directora de Administración de Proyectos Especiales, una mujer de apellido González, dos ingenieros de ese mismo departamento de apellidos Valverde y Picado y una arquitecta de apellido Murillo.
LEA MÁS: Auditoría advirtió a CCSS de sobreprecio en compra de edificio que mantiene ocioso
De acuerdo con el expediente de compra, pese a que la CCSS conocía las deficiencias del edificio, decidieron realizar la adquisición y cancelar los $4,5 millones a la Corporación Andina de Inversiones S. A., que era representada en Costa Rica por el mexicano José María González Saravia.
Los cuatro funcionarios investigados se exponen, si se determina que cometieron faltas en el ejercicio de sus funciones, a amonestaciones, suspensiones sin goce de salario o hasta el despido sin responsabilidad patronal. Los procedimientos administrativos fueron abiertos luego de un análisis de la auditoría interna que resultó en una relación de hechos.
Por ejemplo, los auditores expresaron que existe evidencia de que los cuatro trabajadores conocían los defectos del edificio, pero no cuestionaron la compra, ni evitaron seguir con el proceso de adquisición. Señalan posibles violaciones a la Ley General de Control Interno, la Ley General de Administración Pública y la Ley de Contratación Administrativa, entre otras.
LEA MÁS: CCSS requirió 20 meses y más de ¢1.000 millones para estrenar polémico edificio
Además, sostienen que se solicitó a la Contraloría General de la República autorización para comprar el inmueble y así trasladar a 138 empleados de oficinas centrales, los cuales requerían ser movilizados para el reforzamiento del edificio Laureano Echandi, en San José centro. Sin embargo, según el oficio DAPE-2822-2019, la directora de Administración de Proyectos Especiales sabía que se requerirían meses para adecuar el nuevo inmueble.
Por último, los ingenieros a cargo de valorar el inmueble, de acuerdo con la Auditoría Interna, omitieron la evaluación de riesgos e implicaciones y recomendaron seguir con la compra del edificio.
La compra del edificio en Sabana norte fue aprobada mientras Jorge Granados ocupaba la Gerencia a de Infraestructura y Tecnologías, pero él no fue incluido entre los funcionarios investigados. En julio de 2021, cuando se conocieron las presuntas irregularidades con el inmueble, Granados minimizó los hallazgos de los auditores y cuestionó sus conclusiones.
“El informe de Auditoría no es la santa palabra, que hay que agarrarlo y poner la tipología que dicen, ellos hacen un oficio y presentan algunas dudas que pueden ser razonables o podrían no serlo. La función de la Administración es revisar, contestar y si se hizo algo indebido o se cometieron errores se debe rectificar”, declaró Granados en una entrevista publicada por La Nación en julio de 2021.
