EscucharEn el Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, todos recuerdan el 9 de enero. Faltaban pocos minutos para las tres de la madrugada, cuando un desconocido ingresó al centro de salud con un arma de fuego, supuestamente, con la intención de matar a uno de los pacientes internados.
Lo que podría parecer un evento anecdótico, se ha vuelto más común y frecuente de lo que se cree en Ebáis y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en todo el país, donde también repercuten los ajustes de cuentas entre pandillas vinculadas al narco, que han incrementado la violencia y las muertes.
Tanto así que los principales sindicatos y autoridades de la institución se han estado reuniendo periódicamente para revisar y reforzar los protocolos de seguridad en todos los centros de salud.
Rodrigo López, de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), confirmó que esas reuniones forman parte de un proceso que se inició alrededor de hechos de violencia que han evolucionado, en frecuencia y complejidad, en diferentes centros hospitalarios.
“Nos preocupa mucho la seguridad del resto de los pacientes y de nuestro personal. Buscamos que se puedan generar protocolos para la seguridad de todos”, expresó López a la salida de una de esas reuniones, el pasado 22 de febrero.
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El dirigente de la Unión Médica, Edwin Solano, agregó que se busca reducir el riesgo y confirmó que este es un tema prioritario desde hace varios años.
“Los problemas de seguridad han venido aumentando en el tiempo. Buscamos cómo protegemos la seguridad del usuario interno y del externo. Cada vez son mayores las quejas en relación con la seguridad en los diferentes centros de la CCSS”, reconoció Solano, quien también admite que las actuales autoridades institucionales muestran interés en el asunto.
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Una foto del Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, tomada el 13 de enero, cuatro días después de que un desconocido se brincara tapias e ingresara al centro armado con el objetivo de matar a un paciente. No lo logró pero alarmó a todo el personal. (Alonso Tenorio)
No fue un hecho aislado
Según los sindicalistas, lo acaecido en Puntarenas a inicios del año no es un evento aislado.
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En el 2007, por ejemplo, tres encapuchados entraron al Hospital Tony Facio, en Limón, y asesinaron a balazos a Henry Clark Hane, un paciente que estaba internado.
Fuentes policiales dijeron que tres sujetos llegaron armados a la puerta del centro médico, donde dos encañonaron al guarda, mientras el tercero subió al segundo piso, donde permanecía Clark Hane a quien le propinó cuatro balazos.
Diez años después, en el Hospital Calderón Guardia, los médicos del servicio de emergencias relataron una escena que se vivió ahí con uno de sus pacientes.
“Había un hombre en la sala de shock . Traía un arma en la mano. Preguntó por el paciente: ‘¿Está muerto?’ Le contestamos que sí. Volvió a mirar al herido como para corroborar lo que le dijimos, y salió como si nada”, contó en el 2017 el emergenciólogo Alejandro Moya Álvarez.
Pocos minutos antes del inusual diálogo entre este sujeto y los médicos, recordó Moya en ese entonces, el herido había ingresado en ambulancia procedente de Purral de Goicoechea, víctima de un pleito entre pandillas locales.
En diciembre del 2016, el CAIS de Desamparados –conocido también como clínica Marcial Fallas– fue rodeado por la Policía para proteger a personal y pacientes del ataque de pandillas furiosas.
Sucedió el 24 de diciembre de ese año, cuando dos grupos se enfrentaron a balazos en las afueras del centro de salud, mientras adentro, el personal atendía a dos pandilleros heridos.
El operativo incluyó la evacuación de personal y pacientes hacia una zona más segura del edificio, mientras la Policía intentaba controlar lo que sucedía en las afueras.
Ante todos estos hechos, en 2018, la Gerencia Médica de la CCSS anunció un protocolo de seguridad con botones de pánico y estrategias de manejo para el equipo de guardas de los hospitales, cuya cantidad de personal se está incrementando.
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Hace cuatro años, las autoridades también hablaban de coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública para dar atención más expedita a pacientes de centros penitenciarios. Se procuraba que este tipo de enfermos pase el consultorio médico en no más de diez minutos desde su ingreso.
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Entre los objetivos también estaba identificar las zonas del país que requieren más vigilancia y acciones más rápidas si suceden incidentes de este tipo.
Las medidas se han aplicado en algunos hospitales.
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