Tras conocer múltiples criterios en contra, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) prefirió pedirle opinión a la Sala Constitucional. Los magistrados deberán pronunciarse sobre el peculiar proyecto de ley que obliga al Estado a consultar cualquier iniciativa de carácter ambiental a un grupo basado en Sarapiquí llamado Asociación de Campesinos Unidos por el Pulmón del Mundo.
El proyecto ya está en la última etapa para lograr un referendo nacional. Pero, los magistrados del Tribunal decidieron hacer la consulta de constitucionalidad a la Sala IV antes de decidir si convocan o no al segundo referendo en la historia nacional. Esto porque este plan (reforma la Ley Orgánica del Ambiente) ha cumplido hasta ahora con todos los requisitos formales para la consulta a todos los ciudadanos costarricenses.
LEA: Extraño proyecto está cerca de provocar el segundo referendo en la historia de Costa Rica
Los magistrados del TSE prefieren tener un criterio claro, pues no han sido pocas las advertencia de instituciones contra este proyecto que impulsó en su momento el diputado Justo Orozco y que ha dirigido un hombre llamado Marco Aurelio Carpio, cabeza de la campaña que permitió recolectar 155.356 firmas de costarricenses para impulsar el proyecto hacia un posible referendo.
Acueductos y Alcantarillados dice que el proyecto deja a otros grupos ambientalistas en desventaja. Las municipalidades de Poás, Acosta, Escazú y Guácimo opinan que viola la autonomía municipal. La Junta de Protección Social ve mal que el Estado quede sujeto a lo que diga una sola organización ambiental.
Igual hay objeciones de Japdeva, de la Contraloría General de la República, la Caja del Seguro Social y hasta el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), del Instituto Nacional de Seguros, de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y de expertos de la Universidad de Costa Rica.
“En el texto propuesto, no se justifica semejante diferenciación ni se aporta ninguna justificación, razón o interés público para que el proyecto sea aprobado”, concluyó la asesoría legal del Consejo Universitario de la UCR, en el acta de la sesión 5.733 , del junio del 2013.
La Contraloría incluso determinó que e proyecto de ley es “irrazonable”, en sintonía con la mayoría de instituciones consultadas. Solo en Consejo Nacional de la Producción (CNP) se manifestó de acuerdo con el proyecto, según la resolución del TSE en la que se aprobó hacer la consulta a la Sala IV.
El eventual referendo podría realizarse junto con las elecciones municipales del 7 de febrero, según autoridades del TSE, pero todo dependerá de qué y cuándo responda la Sala IV, además del “sí” definitivo que requeriría de parte de los magistrados electorales.