La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) pidió esta mañana a los diputados no dictaminar el proyecto de reforma al empleo público, el cual establecería un salario global para todos los funcionarios.
Lenín Hernández, presidente de la CTRN, le envió una carta a los legisladores de la Comisión de Gobierno y Administración, en la que pide evitar el dictamen mientras los gremios elaboran sus propias propuestas en el diálogo multisectorial de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
“Nos atrevemos a solicitar a esta comisión legislativa que no dictaminen el proyecto Ley Marco de Empleo Público y que nos permitan presentarles propuestas elaboradas de los sectores que representamos, que en su lugar se conozcan otros textos, que ya han venido siendo consensuados por diferentes actores sociales, mucho más realistas y apegados al espíritu de la Constitución”, dice la misiva.
Rerum Novarum aglutina a cerca de 54 organizaciones sindicales públicas y privadas.
Entre las privadas, según Hernández, figuran gremios del sector agrícola mientras que de los públicos están el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) y el Sindicato Nacional de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social (SNE).
A la vez, Lenin Hernández es secretario general del SNE. En la misiva, él solicita a los legisladores valorar “de la dura situación económica, social, de salud y política” que atraviesa al país.
Además, considera que el texto que se discutiría hoy en la comisión de Gobierno y Administración no es el idóneo para la coyuntura nacional actual, “por lo que debe tener la oportunidad de perfeccionarse o modificarse, para beneficio de todas las partes”, añade.
La principal objeción, de acuerdo con declaraciones dadas por el presidente de la CTRN a La Nación, es que esa nueva versión le resta competencia al Servicio Civil y se la traslada al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
“Le otorga a Mideplán la regulación del empleo público, el diseño de perfiles ocupacionales, evaluación de desempeño y procesos de contratación. Esas son competencias del Servicio Civil, no de Mideplán”, añadió.
Sobre ese tema, la jerarca de Planificación, Pilar Garrido, explicó que, en el capítulo de empleo público, la reforma fiscal del 2018 otorgó la rectoría del empleo público a su cartera.
Hernández niega que en los gremios haya preocupación por la posibilidad de incluir bajo un esquema de salario único a los actuales trabajadores de las instituciones.
“Figúrese que el mayor problema que nosotros vemos es que este proyecto ha sido muy manoseado, le han hecho parches. En salarios ya la reforma fiscal estableció el pago de pluses de forma nominal y no porcentual”, agregó.
La petición de la CTRN llega a la comisión luego de que la Asamblea de Trabajadores del BP también le solicitara al Congreso “valorar la posibilidad de no dictaminar en comisión, ni someter a votación en plenario, aquellos proyectos de ley que generan posiciones encontradas por parte de los diferentes sectores socio productivos, políticos y ciudadanía en general”.
En un documento, Fernando Faith, presidente de ese foro de diálogo, dice que abrir ese espacio le permitiría a la mesa construir sus propias propuestas a través de consensos.
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), adelantó que hoy debe quedar dictaminado el plan de empleo público y se discutirán las mociones puestas sobre la mesa.
“Puedo garantizar que hoy, de la comisión de Gobierno y Administración saldrá un texto, modificado posiblemente por alguna de las mociones presentadas y esto se constituirá en un dictamen o varios dictámenes que llegarán al plenario legislativo”, explicó el jefe verdiblanco.
Será el pleno el que presente los ajustes de un proyecto que le dé “equilibrio, razonabilidad y proporcionalidad al empleo público y garantiza la situación fiscal del país”, añadió Chacón.
“Podemos lograr un equilibrio donde no sigamos pagando pluses, no sigamos pagando gollerías y beneficios a costarricenses que tienen privilegios que otros no tienen. De manera tal que hay que garantizar un trabajo digno, pero que no afecte a otros costarricenses por tener privilegios”, señaló el jefe liberacionista.
Pablo Abarca, diputado socialcristiano, dice que el proyecto de empleo público no puede sufrir atrasos. “Perfectamente se pueden introducir cambios de fondo vía moción 137, pero no se puede atrasar más. Este proyecto lleva año y medio de atrasos”, respondió, ante la solicitud de los gremios.
La comisión de Gobierno y Administración acordó incluir a los funcionarios actuales de la reforma al empleo público este mismo martes.