EscucharEl Senado chileno firmó la noche del miércoles un acuerdo por la paz, los derechos humanos y orden público para encaminar al país a un proceso de reunificación social, e instó al gobierno a implementar una agenda de profundos cambios estructurales.
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Los manifestantes se enfrentan a un cañón de agua de la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno en Santiago el 27 de noviembre de 2019. (Photo by CLAUDIO REYES / AFP) (CLAUDIO REYES/AFP)
En una declaración conjunta, senadores oficialistas y de oposición manifestaron la necesidad de que Chile se encamine "a un proceso de reunificación cívica y social" mediante un "esfuerzo económico significativo, un compromiso político y social inequívoco con la democracia, y un inmediato fin a la violencia", tras 41 días de convulsión en la que han muerto 23 personas.
"Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que, por lo mismo, requieren de soluciones excepcionales", declaró Jaime Quintana, presidente del Senado.
El documento contiene cuatro puntos en los que el Senado pide al Gobierno “implementar una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades de nuestro país", ante las manifestaciones que demandaban mejores pensiones, salud, educación y una nueva Constitución.
Los movimientos sociales consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta por las autoridades para cumplir con sus exigencias.
“Llevamos semanas llegando tarde y con medidas insuficientes. Todos hemos llegado tarde, hemos fallado, no hemos estado a la altura", admitió Quintana.
Además, los senadores se comprometieron a lograr avances en proyectos de ley para reformar la Policía –fuertemente cuestionada por su accionar represivo en las protestas– y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta que se han desatado en el país.
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Finalmente, pidieron a al gobierno, tribunales y ministerio público identificar a los responsables de los disturbios y que utilicen “las herramientas constitucionales” que poseen para reestablecer el orden público, la seguridad del país, y velar por los derechos humanos de los chilenos.
El presidente Sebastián Piñera ha admitido que la Policía chilena se encuentra “sobrepasada” por las protestas y los disturbios ocurridos durante esta crisis, la peor que ha visto en Chile en tres décadas.
