Sancionar funcionarios se vuelve más difícil

“La Contraloría General de la República, sin perjuicio de otras sanciones previstas por ley, cuando en el ejercicio de sus potestades determine que un servidor de los sujetos pasivos ha cometido infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esta Ley o ha provocado lesión a la Hacienda Pública, recomendará al órgano o autoridad administrativa competente, mediante su criterio técnico, que es vinculante, la aplicación de la sanción correspondiente de acuerdo con el mérito del caso”, dice el artículo 68 de su ley orgánica.

Sin embargo, los trabajadores del Estado buscan cada vez más salidas o vías para evitar castigos, suspensiones o incluso destituciones.

No en vano, el 50% de las demandas que actualmente enfrenta el ente contralor fueron planteadas por los mismos trabajadores del Estado.

Todas son investigaciones por eventuales malos manejos o incumplimientos en materia de fondos públicos.

Lucha. La Sala Constitucional ha sido otro escenario donde el ente contralor ha dado batalla.

A inicios del año pasado, seis acciones que cuestionaban el poder sancionatorio de la Contraloría tenían paralizadas 218 investigaciones que involucraban a 545 empleados públicos. Algunos casos databan del 2012 y 175 eran contra empleados municipales.

Los expedientes comenzaron a resolverse luego de que el 8 de mayo del 2015, la Sala confirmara la potestad de la entidad contralora de imponer sanciones.

Aun sí, es probable que muchas de esas resoluciones sean impugnadas en los tribunales.

Más recientemente, la Contraloría libra un pulso con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en relación con los castigos a alcaldes y regidores.

Para el ente contralor, es el TSE la institución responsable de ejecutar la suspensión, por ser el órgano que entrega las credenciales a los jerarcas de los ayuntamientos, pero para ese tribunal, a ellos solo les corresponde cancelar credenciales.

Por esa disputa, la propia contralora Marta Acosta presentó ocho denuncias contra el TSE ante tribunales contenciosos.