Vilma Ibarra gana recurso contra Conavi por no entregarle auditoría

Al declarar con un lugar un recurso de amparo interpuesto por Ibarra, los magistrados ordenaron a Mauricio Batalla, director ejecutivo del Conavi, hacer entrega inmediata del documento al determinar que no existen bases para considerar que la información de la auditoría sea confidencial.

Asimismo, la sentencia 267602023, del 20 de octubre pasado, condena a la institución pública al pago de costas y perjuicios.

Los altos jueces consideraron que un documento de auditoría o investigación es privado únicamente cuando está en desarrollo; una vez que ha concluido, como fue el caso de la auditoría externa realizada al Conavi, se convierte en un documento público.

“En lo tocante a las auditorías externas, se establece que ellas son efectuadas por sujetos de derecho privado y pagadas con fondos públicos. En ese tanto, rige la fiscalización de su sano manejo y la transparencia, lo que conlleva el acceso al documento final de la auditoría”, indicaron los magistrados.

Ante la Sala IV, Ibarra señaló la contradicción de que se le negara el acceso a la información mientras que Otto Guevara, exdiputado y excandidato presidencial, sí tuvo acceso al documento e, incluso, este publicó en sus redes sociales extractos del mismo.

“La Sala estima contradictorio que el Conavi caracterice el procedimiento como ‘interno’ en su respuesta brindada a la amparada, pero que, a la vez, un tercero privado ajeno a la Administración -la empresa encargada de elaborar el informe de auditoría- sí haya tenido acceso a la información”, indica el fallo.

El 7 de junio de 2023, Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, dijeron en conferencia de prensa que el Conavi había realizado una auditoría externa sobre la contratación de servicios de comunicación relacionados con la ampliación de la ruta 32.

En esa conferencia, Chaves y Amador afirmaron que, de la auditoría, se derivan irregularidades en el manejo de fondos públicos por $732.000, que se le habrían pagado a una conocida periodista de radio del país, sin indicar el nombre, para hacerle propaganda a la construcción de la carretera.

En ese espacio el mandatario argumentó en dos ocasiones que, en su gobierno, “sí le estaban hablando claro al país”.

Para la periodista, las declaraciones dadas en esa conferencia de prensa fueron injuriosas y difamatorias. Así lo manifestó en un foro organizado por el Colegio de Periodistas (Colper) el pasado 15 de junio.

“En defensa de mi honor, exijo que ese documento sea público”, dijo Ibarra en ese momento.

La comunicadora dijo no aceptar que se normalice el amedrentamiento como moneda de curso en la convivencia democrática y que no le acepta al presidente Chaves ni al ministro de Obras Públicas que la acusen con falsedades sin pruebas.

La comunicadora solicitó al Conavi acceso al informe de auditoría, pero esa institución le indicó que era material confidencial.

Entre los panelistas del evento del Colper, estaba el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, quien le respondió a Ibarra que podía defenderse si se daba por aludida.