En un tiempo récord de seis días desde su presentación, este miércoles quedó aprobado en primer debate legislativo el nuevo proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral.
La votación se realizó a las 5 p. m. en sesión extraordinaria, y tuvo el apoyo de 44 diputados. Solo Carlos Hernández, del Frente Amplio, votó en contra de la propuesta.
La iniciativa reduce considerablemente la duración de los juicios laborales, que hoy tardan entre cinco y 10 años hasta que se dicte la sentencia.
El mecanismo que revoluciona los reclamos judiciales entre empleados y patronos es la introducción de la oralidad en las etapas del proceso, así como la eliminación de otras instancias para lograr una resolución más expedita en esos pleitos.
Así lo explicó el magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Sala Segunda, ante los congresistas que ajustaron el texto antes de presentar el nuevo expediente, el pasado jueves.
Según Aguirre, el promedio de duración actual en estos juicios es de dos años y medio, aunque algunos llegan a diez o más años de tramitación.
A diferencia de eso, el nuevo proceso establece que el juez cite a las partes a audiencia oral y, al final de esta, dicte sentencia.
Luego de eso solo quedaría una segunda instancia; pero hoy se tienen hasta tres posteriores a las cuales llevar el alegato entre las partes, lo que atrasa el proceso, amén de los amplios plazos para presentar los escritos en cada una de las etapas.
Polémica fuera. La resurrección de la Reforma Procesal Laboral se pactó en dos espacios: la Comisión de Asuntos Jurídicos que pulió el texto definitivo y las reuniones entre autoridades legislativas y las judiciales.
Esta reforma es la misma que, aprobada en setiembre del 2012, fue vetada por la entonces presidenta Laura Chinchilla, en octubre de ese año, al alegar criterios de constitucionalidad y de oportunidad, que luego retiró en mayo del 2013 (de mala manera, según la Sala Constitucional).
Para consolidar el rescate de esta iniciativa, los diputados eliminaron los artículos que daban por legales las huelgas en los servicios esenciales, como los que dan hospitales y la Policía.
Por eso, Marco Redondo, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), alabó la posibilidad de construir acuerdos entre las nueve fracciones presentes en el Congreso, en un tema que generó polémica durante medio periodo de la anterior Asamblea y buena parte de la actual.
Mauricio Castro, asesor sindical que participó en las modificaciones al plan, destacó la posibilidad de que ahora empleados sin recursos económicos tengan acceso a la defensa pública en juicios laborales, opción que no existe con la legislación vigente.
Para Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), la nueva ley permitirá cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida para los costarricenses.
El ministro de Trabajo, Víctor Morales, aseguró que la reforma revitaliza el Código de Trabajo. “Para tener empresas sostenibles, necesitamos trabajadores con derechos que se cumplan”, destacó el jerarca.
Los diputados darán segundo debate a la Reforma Procesal Laboral el lunes 14 de diciembre.