La Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que el ministro de Hacienda, Elián Villegas, hizo una interpretación errónea del criterio de la institución sobre el decreto de alza salarial para el sector público en el 2020.

Según el órgano procurador, el error de lectura de Villegas lo llevó a concluir que se le estaba obligando a pagar el ajuste en los sueldos cuando, en realidad, tal instrucción nunca se giró.

En un oficio con fecha de este viernes, la PGR le explicó al jerarca los alcances del criterio C-202-2020.

En dicho criterio, emitido el 29 de mayo, el procurador Julio César Mesén respondió a la pregunta formulada por el exjerarca de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien consultó si era posible “revocar” el decreto ejecutivo que dictó un incremento salarial de ¢7.500 para la mayoría de empleados del Servicio Civil y de ¢9.000 para los que tengan salarios base inferiores a ¢300.000.

Dicho decreto se mantiene suspendido desde el 6 de abril.

Mesén le respondió a Villegas, sucesor de Chaves, que la figura legal que puede dejar sin efecto un decreto ejecutivo es la derogatoria, no la revocatoria.

En términos generales, el procurador también le recordó a Hacienda que los decretos pueden otorgar derechos, los cuales se mantienen incluso si el documento que los originó pierden su validez.

Sin embargo, lo que Villegas interpretó fue que el criterio de la PGR lo obligaba a pagar el aumento salarial este 2020.

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“La PGR emitió el dictamen C-202-2002, que ordena al Gobierno Central incluir en las previsiones presupuestarias del 2021 el pago del incremento salarial del sector público de 2020 por costo de vida, cuya aplicación fue suspendida por decreto ejecutivo N42286 del 4 de abril, a raíz de la emergencia por el covid-19”, dice un comunicado emitido por Hacienda el 10 de junio.

En el boletín, Villegas anunció que solicitó a la Procuraduría “reconsiderar” su criterio, pues, según dijo, el órgano lo estaba forzando a hacer una erogación de ¢23.000 millones, en momentos en que el escaso dinero que posee el Estado se necesita para atender los efectos del coronavirus en el país.

Sin embargo, en la respuesta a esta petición, la procuradora adjunta Silvia Patiño Cruz le respondió a Villegas que no procede reconsiderar el criterio C-202-2020, sino explicarle al jerarca los alcances del mismo.

“De manera respetuosa debemos señalar que la interpretación que se realiza por parte de las autoridades de Hacienda sobre los alcances del dictamen C-202-2020 resulta equivocada, pues parten de la premisa errónea de que esta Procuraduría consideró la existencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas para todos los funcionarios públicos y, en consecuencia, la imposibilidad de derogar el pago del aumento salarial del año 2020”, señaló Patiño.

La procuradora le aclaró a Villegas que, en el criterio, simplemente se indicó que un decreto ejecutivo no se puede revocar, sino derogar.

“Este órgano asesor nunca concluyó que el decreto ejecutivo 42121- MTSS-H-MIDEPLAN del 17 de diciembre de 2019, y el aumento salarial ahí establecido, no pudiera dejarse sin efecto, sino que el mecanismo jurídico idóneo para ello era la derogatoria de dicho decreto y no la revocatoria, como se planteó en la consulta original”, aclaró Patiño.

PGR rechaza resolver ‘conflicto’ en el Ejecutivo

La procuradora llamó la atención sobre cómo, en el trámite de la primera solicitud de criterio, las ministras Geannina Dinarte y Pilar Garrido, de Planificación y Trabajo, externaron opiniones contrarias a la del jerarca hacendario sobre la eventual eliminación del aumento salarial del 2020.

Ambas funcionarias indicaron a la PGR que, en su opinión, el alza de ¢7.500 ya forma parte del patrimonio de los empleados públicos. Además, afirmaron que la indisponibilidad de recursos presupuestarios no es un argumento válido para no pagar el ajuste.

Para Patiño, tales manifestaciones reflejan un conflicto de criterios a lo interno del gobierno, cuya resolución no le corresponde a la Procuraduría.

“Lo anterior pone en evidencia un verdadero conflicto entre los criterios de los distintos órganos del Poder Ejecutivo sobre la forma en que debe manejarse el pago del aumento salarial del sector público para el año 2020, conflicto que no debe ser trasladado a esta Procuraduría, pues es ajeno a nuestra competencia consultiva”, sentenció Patiño.

La procuradora le recordó a Villegas que el órgano asesor del Estado realiza análisis jurídicos en términos generales, pero no puede referirse a casos específicos, ni tampoco sustituir al gobierno en la toma de decisiones.

“Así las cosas, es erróneo interpretar que el dictamen C-202-2020 reconoce la existencia de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas a favor de todos los funcionarios públicos y que, en consecuencia, a partir de dicho criterio el Ministerio de Hacienda se encuentra obligado a pagar el aumento salarial del año 2020”.

“Esta determinación no corresponde a la Procuraduría”, concluyó Patiño.

Por esa misa razón, explicó Patiño, la PGR no puede atender la petición que hizo Villegas para que se le indicara "si el aumento 2020 constituye una situación jurídica consolidada que impida su derogación”.

“Es una gestión que excede la competencia consultiva de este órgano asesor”, respondió Patiño.