Plan de recompensas por denuncias de corrupción tiene deficiencias, señala Procuraduría

Mediante la opinión PGR-OJ-011-2023, el abogado del Estado señaló que aunque la normativa señalada en el texto posibilita prever el pago de recompensas, premios o incentivos a los denunciantes, propone regular tales retribuciones por vía reglamentaria, “lo cual es jurídicamente inaceptable”.

El texto base del expediente 23.449, presentado en noviembre del 2022 a la Asamblea Legislativa, establece en su artículo 19 una recompensa económica a favor de las personas físicas o jurídicas que denuncien delitos de corrupción nacional y transnacional.

Dicho incentivo se entregaría cuando la sentencia esté en firme, siempre y cuando sea un delito con pena de cárcel superior a cuatro años y la prueba entregada sea útil. La propuesta establece que el Poder Ejecutivo definirá, por reglamento, los criterios de pago, el procedimiento de asignación y la fuente de financiamiento.

No obstante, la Procuraduría señaló que por tratarse de fondos públicos es necesario que todo lo relacionado con dichos incentivos se defina claramente en el proyecto de ley.

A inicios de su mandato, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la presentación de una iniciativa para promover la denuncia. “Hemos presentado leyes como el testigo de la corona, dando premios económicos a quien denuncie actos de corrupción”, dijo en aquella ocasión.

Sin embargo, en aquel momento el Gobierno había presentado un proyecto de ley anticorrupción que no incluyó el incentivo económico prometido. Además, a criterio de especialistas consultados por el Congreso, el texto resultaba inútil al repetir legislación ya existente.

Debido a lo anterior, en noviembre pasado el Poder Ejecutivo presentó la nueva propuesta que dio origen al pronunciamiento de la Procuraduría.

Debate

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La PGR consignó que los efectos de los incentivos todavía no han sido medidos, por lo que instó a los legisladores a abrir una discusión sobre el tema.

“Es recomendable, previo a determinar su pertinencia, un debate plural que debe ser informado por una investigación capaz de dilucidar en nuestro medio los impactos económicos, sociales y políticos, que permita socialmente reflexionar sobre los problemas públicos que la corrupción conlleva y su enmarque ético”, señala el pronunciamiento.

Por otro lado, la Procuraduría también advirtió de posibles efectos adversos en cuanto a la posibilidad de que dicho incentivo económico desplace la denuncia por temas éticos y morales y que se convierta en el único instrumento que motive a los funcionarios a señalar irregularidades.

En ese sentido, indica que esa “prevalencia de la dimensión ética”, es un aspecto que debe considerarse al decidir sobre la conveniencia de este instrumento “como una de las estrategias de fustigamiento de la corrupción desde las políticas públicas”.