Persisten los actos de violencia contra indígenas de Salitre, según denuncia la Defensoría

Según indicaron, durante la última semana un importante número de indígenas ha denunciado publicamente que personas no indígenas han ingresado de manera violenta y con armas de fuego a las tierras que ocupan, situación que los obliga a huir hacia las montañas para resguardar sus vidas.

"Esta situación afecta a mujeres y niños; quienes además de sufrir las amenazas han perdido sus ranchos y pertenencias porque fueron quemadas por los invasores", denunció la Defensoría, cuyas autoridades hicieron un llamado al Gobierno para detener estos actos.

"Es urgente que el Gobierno de la República realice las acciones necesarias para que se garantice la seguridad territorial y la integridad física de las personas indígenas en Salitre. Los tratados internacionales reconocen a los pueblos indígenas el derecho a gozar plenamente de su relación con la tierra, la cual no es una mera relación de posesión y producción; sino un elemento material y espiritual necesario para preservar su legado cultural y transmitirlo a sus generaciones futuras", aseguró la Defensora Montserrat Solano.

Además indicaron que se han realizado varias llamadas a funcionarios de la Fuerza Pública de Buenos Aires de Puntarenas, al ministro de Seguridad Celso Gamboa y a la viceministra de la presidencia, Ana Gabriel Zúñiga. A esta última se le solicitó un informe para conocer las acciones que se tomarían para atender la situación, sin embargo el ente defensor señaló haber recibido información contradictoria y que no hubo respuesta al oficio mencionado.

Añadieron que personal de la institución que se encuentra desde ayer en la zona, ha podido constatar, entre otras cosas, la presencia de un peón de un finquero en una de las parcelas, la imposibilidad de las personas indígenas de ingresar a las tierras en las que vivían y los patrullajes de varias unidades del Ministerio de Seguridad Pública.

Sin embargo, pese a la presencia policial no se han detectado acciones para garantizar la seguridad de estas personas y no se ha avanzado en el cumplimiento de los acuerdos que se suscribieron en julio, según lo hallado por los funcionarios de la Defensoría que visitaron el lugar.