Hermes Alvarado, presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), cuestionó el proyecto de ley que les permitiría a los asalariados hacer un retiro masivo y anticipado del Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

En una audiencia con los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, afirmó que el proyecto podría generar incertidumbre en los mercados financieros, así como aumentar las tasas de interés y la inflación.

Además, el presidente de la ACOP dijo que es “materialmente imposible” que las operadoras entreguen el dinero en el plazo de 45 días que propone la iniciativa del Partido Restauración Nacional (PRN).

La propuesta, presentada en octubre de este año y convocada por el Gobierno para las sesiones extraordinarias del Congreso, emitiría una autorización excepcional para que todos los asalariados puedan retirar el FCL de forma adelantada, por una única vez, aunque no hayan cumplido con alguno de los requisitos que establece la ley: haber cumplido cinco años de labor con un mismo patrono, la ruptura de la relación laboral o el fallecimiento.

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Casa Presidencial decidió impulsar este proyecto del PRN como parte de la agenda de la Asamblea Legislativa.

Plazo imposible y dudosa reactivación económica

Hermes Alvarado cree que el plan tendría poco impacto en la reactivación económica, a pesar de que el diputado proponente, Carlos Avendaño, anuncia que ayudará a dinamizar la economía y a que las personas salgan de deudas.

El proyecto obligaría a las operadoras de pensiones complementarias a entregar el dinero del FCL a sus afiliados en 45 días a partir de su solicitud, una vez que la ley entre en vigencia.

El presidente de la ACOP fue enfático en que es materialmente imposible entregar el dinero en ese periodo, así como tampoco es posible hacerlo antes de agosto del 2020, pues los ajustes técnicos para hacer la entrega requerirían de al menos un año.

El representante detalló que las operadoras mantienen inversiones a largo plazo que no pueden finiquitarse antes de marzo del 2021, cuando se cumple el quinquenio para una parte de la población.

Añadió que, de tener que hacer efectiva la orden de entregar el dinero, tendrían que salir al mercado a colocar títulos de valores a un mayor costo financiero, presionando las tasas de interés y, en consecuencia, la inflación.

Apuntó que iniciativas como esta generan incertidumbre en los mercados financieros, porque las operadoras, al no saber si se aprobará la ley, preferirán no hacer más inversiones a largo plazo porque podrían requerir del efectivo en cualquier momento.

“Estos cambios de regla en el ínterin generan incertidumbre a los que administramos los recursos y es probable que genere que no se coloque el dinero de los afiliados a largo plazo, con el fin de que, si se presenta la situación, tengamos la capacidad de reaccionar en forma oportuna”, dijo Alvarado.

Insistió en que ,aunque la iniciativa busca que los afiliados tengan efectivo de inmediato, la cifra será relativamente baja, por lo que no tendrá mayor impacto en la economía. La estimación es que el retiro promedio será de unos ¢400.000 por persona.

De acuerdo con datos de ACOP, hay unas 2,5 millones de asalariados que tienen dinero en el FCL, pero la iniciativa genera confusión al hablar de adelantar el quinquenio a quienes cumplen ese periodo en marzo del 2021.

Aunque 188.000 personas tienen derecho a ese retiro para esa fecha, la gran mayoría lo cumple en otro momento.

“De acuerdo con nuestro criterio falta precisar algunas cosas en lo operativo. No se conceptualiza como un adelanto de un quinquenio, una cosa es decir que vamos a adelantar un quinquenio de un año, y otra es decir que vamos a entregar la totalidad del fondo”, señaló el representante.

De aprobarse solo para las personas que están próximas a cumplir el quinquenio en el 2021, las operadores tendrían que desembolsar ¢143.000 millones, pero la totalidad del FCL acumulada a octubre de este año era de ¢675.000 millones.

La iniciativa de ley también podría afectar las pensiones complementarias obligatorias, pues no contempla el aporte que sale del FCL al fondo de esta pensión, tal como lo estipula la Ley de Protección al Trabajador.

“No considera el traslado previo que debe hacer el FCL al Régimen Obligatorio de Pensiones cada vez que se rompe la relación laboral o cada cinco años. Si se entrega la totalidad, sin haber hecho esta separación, también se está socavando el régimen”, dijo a los diputados.

En la sesión de esta audiencia participaron las diputadas Catalina Montero (Partido Acción Ciudadana) y Xiomara Rodríguez (Restauración Nacional), así como los liberacionistas María José Corrales, Yorleny León y Luis Antonio Aiza.

En la audiencia también participó el representante del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), el exdiputado Marvin Atencio, quien se manifestó a favor de la iniciativa, pese a ser cuestionado por León y Corrales porque no pudo respaldar su apoyo con un estudio técnico sobre el impacto de la iniciativa en sus representados.