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El Tribunal Especializado de Delincuencia Organizada entró en funcionamiento gracias a dos leyes (imagen ilustrativa). Foto: José Cordero
El nuevo Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada entró en pleno funcionamiento desde el 1°. de junio y ya está resolviendo casos complejos, informó este viernes el Poder Judicial.
La jurisdicción consta de dos secciones, con cuatro jueces cada una y dos jueces de apelación, que realizan audiencias sobre crimen organizado, lo que incluye procedimientos abreviados, apelaciones, juicios colegiados y el dictado de sentencias.
El Poder Judicial señaló como un factor clave, para permitir la operación del Tribunal contra la Delincuencia Organizada, una constante coordinación con la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el personal de protección.
Por la multiplicidad de partes, la complejidad de los asuntos y el nivel de seguridad requerido, esta coordinación es fundamental en estos estrados.
Dos proyectos de ley que crearon la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado (JEDO) y la reformaron a último minuto, en mayo pasado, para permitir su operación.
Se trata de las leyes 9481 y 10.369. La primera creó la JEDO y la segunda, en un trámite acelerado que debió superar centenares de mociones, hizo modificaciones para mejorar la normativa y las reglas sobre distribución de competencias en asuntos de delincuencia organizada.
La Asamblea Legislativa aclaró cuáles asuntos se tramitan en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la especializada, además de que fijó que los casos de crimen organizado son de acción pública y no pueden convertirse en delitos de acción privada.
“Se tiene competencia nacional para realizar labores dentro de la jurisdicción penal ordinaria, cuando los requerimientos institucionales así lo determinen”, agregó el Poder Judicial.
También, se fijaron plazos de hasta 24 meses para las investigaciones y se duplicaron los plazos de la etapa intermedia, así como la prisión preventiva y los plazos sobre continuidad y suspensión del debate.
Esa ley aprobada fue la primera de un paquete de reformas solicitadas por el Poder Judicial para mejorar el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
“El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada está comprometido con el fortalecimiento de la seguridad humana en estricta aplicación de las competencias legales otorgadas y bajo absoluto respeto del ejercicio de la función jurisdiccional en un Estado de derecho democrático”, puntualizó la Corte.
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