Con un arsenal de 1.300 mociones, la diputada fabricista Nidia Céspedes, del Bloque Nueva República, intentó bloquear el avance del proyecto de ley que pretende crear un título especial para los habitantes de zonas especiales, que son terrenos patrimonio del Estado.
Se trata de la Ley de Derecho de Utilidad Ambiental (DUA), que entregaría una especie de título a las familias que, por muchos años, han habitado en regiones como la milla fronteriza u otras zonas protegidas, y por cuya condición no tienen amplios derechos de uso de la tierra.
La iniciativa legal busca crear una figura nueva para dichas familias, pero la fabricista se opuso mediante el mecanismo conocido popularmente como filibusterismo parlamentario, que consiste en presentar cientos de mociones para cambios mínimos, pero que permiten un amplio uso de la palabra.
En la etapa recién concluida del trámite legislativo, Nidia Céspedes presentó 644 mociones de fondo y por cada una de ellas podía hablar 15 minutos, así como 644 mociones de revisión, una por cada moción de fondo presentada.
El proyecto se discute actualmente en la Comisión Especial de Zonas Fronterizas y, una vez concluida la etapa de revisión de mociones, volverá al plenario para que este autorice nuevamente la presentación de reformas por el fondo.
Para esa etapa siguiente, Céspedes afirmó que volverá a presentar nuevamente decenas de mociones, pero no respondió con qué objetivo lo hará.
El presidente de la Comisión de Zonas Fronterizas, el liberacionista David Gourzong, reconoció que la fabricista lleva razón en su reclamo de que la ley requiere de estudios técnicos antes de permitir que se entreguen esos derechos de utilidad ambiental.
Sin embargo, el verdiblanco enfatizó en que ya la última versión del proyecto, incluida mediante una moción de texto sustitutivo, establece que no se podrá entregar un DUA a una persona sin que existan los estudios que lo avalen.
“No es que antes de aprobar la ley tienen que estar los estudios, sino que la ley no permitiría que ningún terreno sea dado bajo la modalidad DUA sin que existan los estudios”, enfatizó Gourzong.
El diputado Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), es el principal proponente del proyecto, junto con 11 legisladores más. El congresista afirmó que él comparte la preocupación de Nidia Céspedes, pero apuntó que ya esas preocupaciones se incorporaron en el texto.
“Espero que para el segundo día de mociones, vía artículo 137, no tengamos un número tan grande de mociones y podamos avanzar con celeridad”, dijo Morales.
¿Qué hace la ley DUA?
De aprobarse, la iniciativa entregaría un derecho de utilidad ambiental (DUA) a familias que viven en áreas que son demaniales, inembargables, patrimonio natural del Estado. No se incluyen dentro del plan ni terrenos en parques nacionales ni en zona marítimo terrestre (ZMT).
“Son territorios como los fronterizos o los que son patrimonio natural del Estado”, explicó Gourzong.
El problema de muchas familias es que quedaron atrapadas luego de que se aprobaron leyes que declararon sus tierras como patrimonio estatal. Gourzong afirmó que podría tratarse de cerca de 35.000 familias afectadas por la restricción de tener un derecho de uso de la tierra en un bien demanial.
Como no pueden tener título de propiedad sobre esas tierras en la que viven, la ley pretende darles un derecho especial, y evitar que el Estado tenga que sacarlos.
Ese DUA no les permitiría vender, pero sí acceder a derechos de manejo forestal, bono de vivienda, acceso a uso agrícola del terreno, aprovechamiento controlado y protección de fuentes de agua, así como el derecho de heredar.
En la condición actual, el Estado puede desalojar a estas familias. “Eso les permitiría a estas familias tener algo que les ha sido negado”, enfatizó Gourzong.
Según el liberacionista, incluso el DUA les daría derecho de acceso a crédito por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo, porque para sembrar o hacer aprovechamiento forestal se requiere capital semilla.