El ministro de Hacienda, Elian Villegas, les solicitó a las fracciones legislativas lo reciban en sus reuniones semanales para aclarar dudas sobre el proyecto de ley de impuesto a las casas de lujo.
En una nota entregada el jueves anterior, a todas las jefaturas de las bancadas parlamentarias, Villegas solicitó un espacio para “explicar en detalle los alcances de la iniciativa, aclarar dudas y poder discutir posibles cambios o ajustes en el texto”, de acuerdo con el interés de las fracciones.
A este lunes 17 de enero, ninguna de las bancadas parlamentarias le había abierto las puertas, incluso algunos legisladores comentaron que ni siquiera tenían la nota en el radar.
El jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Abarca, comentó que recibió la petición del jerarca hacendario el pasado jueves 13 y dijo que aún no se ha fijado una fecha para el encuentro con Villegas.
En el caso de Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank respondió: “No tengo presente ninguna nota”.
El independiente Jonathan Prendas, vocero del bloque Nueva República, respondió que para ellos no es prioridad conversar con Villegas sobre el impuesto a las casas de lujo.
“No es prioridad para Nueva República, ya que para nosotros la ruta va por la reactivación económica y no por los impuestos”, contestó. De hecho, Prendas, junto con el PUSC, atiborró el camino de ese proyecto con 500 mociones para bloquear su avance.
Esa gestión de Prendas y los socialcristianos fue criticada por el presidente, Carlos Alvarado, pues afirmó que el fabricista lo que hace es defender a los más ricos con sus 500 mociones.
La jefatura del Partido Liberación Nacional (PLN) confirmó que igualmente recibió la nota el jueves 13 por la tarde. “Deberá verse en reunión de fracción para definir fecha, pero por supuesto habrá total disposición para recibir al ministro”, respondieron desde ese despacho. La semana pasada, esa fracción condicionó su apoyo a la reforma al impuesto.
La vocera liberacionista, María José Corrales, anunció que exigirían progresividad en esa reforma legal, que es parte de la agenda de ajuste fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque el Gobierno había pedido la reunión desde el 7 de enero, Corrales calificó al Ejecutivo de cinismo por “enviar los textos a la Asamblea Legislativa sin acompañamiento, sin compromiso por discutirlo con el país, de conversar con todos los sectores”.
Elian Villegas confirmó que la nota se le envió también al Partido Acción Ciudadana (PAC), al Frente Amplio, al Republicano Social Cristiano (PRSC), a Integración Nacional (PIN), así como a cuatro legisladores independientes.
En su más reciente versión, el proyecto plantea una tarifa única para los propietarios de viviendas con construcciones superiores a los ¢137 millones, mientras que el esquema actual del tributo establece una tasa que aumenta conforme mayor sea el valor de la vivienda.
La tasa vigente oscila entre un 0,25% y un 0,55%, que se paga anualmente con respecto al valor de la construcción, incluyendo el precio de los metros cuadrados que la alberguen.
La nueva tarifa sería de un 0,5%, lo que significaría cobrar el doble del impuesto a las residencias que estén entre ¢137 y ¢344 millones, donde se ubica la mayoría de los contribuyentes de ese tributo.