Geannina Dinarte, ministra de Trabajo, se refirió en entrevista a las diferencias de criterio entre el que sostiene su cartera junto con Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y el que planteó el Ministerio de Hacienda, en torno a la suspensión del alza salarial del 2020 para el sector público.
Mientras Trabajo y Planificación afirman que el aumento ya es patrimonio de los funcionarios (aunque fue suspendido en marzo), tanto el ministro anterior de Hacienda, Rodrigo Chaves, como el actual, Elian Villegas, trataron de que el gobierno no corriera con todo el peso económico del incremento.
—Tras el primer criterio de la Procuraduría, don Elian (Villegas) pide la bendición para no hacer el pago, y ustedes siguen considerando que se debe hacer. ¿Hay una diferencia de criterio?
―Yo no diría que son criterios encontrados, porque el argumento es distinto; el que nosotras planteamos es un argumento desde la lógica del derecho, o de los derechos de las personas; y la lógica económica, como tal, es parte de lo que se pone en la mesa también.
"Entonces, se tiene que explorar, casi que ante la realidad material, entendiendo que no se tienen los recursos, qué pasa en esa circunstancia.
“Yo no diría que hay una contradicción, lo que pasa es que tenemos dos dimensiones de la realidad que tienen que ponerse en perspectiva para la decisión”.
— Pero al fin y al cabo, los argumentos de ustedes las llevan a sostener que eso se debe pagar y el criterio de don Elian es que no se debería pagar, entonces es una o la otra, son excluyentes.
―Sí podrían ser excluyentes, claramente alegando el principio jurídico y el principio económico y material de la disponibilidad de los recursos, pero eso no quiere decir que no expresen la realidad que estamos enfrentando.
“Ese es un tipo de dicotomía con la que nos enfrentamos en la Administración Pública muy recurrentemente, pero no quiere decir que sea un tema en el fondo de visiones de la situación, sino que tiene que ver con saldar el debate jurídico y saldar la realidad económica”.
― ¿Cómo hace el equipo económico, en este caso en específico, al tener ideas distintas? Imagino que puede ser complicado.
―En realidad no.
"Por ejemplo, el decreto que se emitió recientemente con la llegada del ministro de Hacienda lo que busca es, a futuro, tomar consideraciones de que frente a ciertas circunstancias, por ejemplo, que no se concrete el aumento salarial o que no se desarrolle el espacio que se ha previsto ordinariamente para la negociación salarial, entonces nos enfrentamos a una situación a futuro que se puede proyectar, pero que también tienen que tener una serie de medidas que tendrían que ser como la válvula de salida para aplicar o no cierto tipo de medidas.
“Entonces, en realidad ya no estaríamos hablando jamás de una contradicción, sino de una previsión futura y ahí ambas carteras encontramos coincidencia en que, además, hay unas reglas que nos impone la misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sobre las cuales tenemos que movernos para atenderla en todos su alcances, pero que nos implica unas restricciones en términos presupuestarios, y esas restricciones también claramente se pueden traducir en temas salariales”.
― Nos llamó la atención que, en la primera consulta que envía don Rodrigo Chaves a la PGR, solicitó que se le pidiera criterio a Trabajo y Mideplán. Uno creería que siendo los tres pares en el gabinete, se hablarían entre ustedes. ¿Sería que no hubo comunicación?
―No, no, todo lo contrario, yo creo que es parte.
"Cuando las instituciones tienen debates jurídicos que no se solventan con las perspectivas de las instituciones, es perfectamente razonable que se eleve una solicitud de criterio a la Procuraduría a fin de tener una visión desde otra perspectiva y claramente de poder tener un criterio.
“El diálogo siempre ha estado, por supuesto se han hecho distintas valoraciones. Nosotros hemos puesto nuestros argumentos en la mesa, igual lo ha hecho Mideplán y por supuesto que Hacienda también, pero hay un punto en el que pueden mediar enfoques que pueden ser complementarios o que pueden poner una perspectiva diferente para abordar la situación”.
―¿Esta dicotomía surge en el momento en que se habla de derogar, o revocar? Porque el 25 de marzo, cuando se anunció que no se iba a pagar se habló de una suspensión, pero ahora se pasa a otro nivel, de derogar. ¿Es esto lo que crea la dicotomía?
― En realidad, todos tomamos el acuerdo, la decisión de que efectivamente iba a ser una suspensión en primera instancia, y sobre eso concluimos y presentamos los argumentos todas las partes, para efectivamente en medio de las circunstancias que tenemos llegar a ese punto, claramente se entiende la responsabilidad que tiene el Ministerio de Hacienda como tal y eso por supuesto ha llevado a que ellos tengan que explorar ese otro escenario, a fin de determinar cuáles son las posibles responsabilidades y cuáles son los posibles escenarios.
― Pero inicialmente era una suspensión, con la intención de pagarlo retroactivo.
― Efectivamente, tal y como fue consignado en el decreto.