Marlon Castro Monge, viceministro de Agricultura, se desmarcó de la posición del gobierno al afirmar que el proyecto de ley que reactivaría la pesca de camarón en el fondo marino, con la técnica de arrastre, contiene el sustento científico exigido por la Sala Constitucional en el 2013.
No obstante, reconoció que será ese máximo tribunal el que determine si la iniciativa de ley y su apoyo científico, una investigación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), cumplen con lo requerido por los magistrados.
“El texto tiene un sustento y es el sustento científico que fue lo que la Sala en su momento solicitó”, aseveró Monge.
El viceministro del MAG difiere de la posición externada por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, quien afirmó que el gobierno de Carlos Alvarado no respalda el proyecto de ley ni el estudio de Incopesca, al tiempo que recordó que un compromiso de campaña es la oposición a la pesca de arrastre por sus perjuicios ambientales.
La iniciativa de ley se tramita en la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso y está cerca de ser dictaminada.
De aprobarse, restiruiría el otorgamiento de licencias con fines comerciales, en el Océano Pacífico, a barcos semiindustriales para el “aprovechamiento sostenible del camarón", las cuales fueron suspendidas por la Sala hace seis años por el daño que provoca esta técnica con la captura de especies distintas al camarón.
El plan se sustenta en un estudio desarrollado entre octubre y diciembre del 2018 por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en la boca del Golfo de Nicoya.
Ese informe afirma que, mediante el uso de una nueva red, con excluidores de peces y tortugas, por cada tonelada de pesca se captura un 75% de camarón y un 25% de otras especies.
Con la técnica tradicional ese porcentaje era 5% de camarón y 95% de fauna de acompañamiento.
“Aquí el que prohibió el arte de pesca no fue el Ejecutivo ni el Legislativo, fue la Sala Constitucional y es el órgano que va a tener la tarea de analizar, en caso de que llegue la consulta constitucional, si los estudios que se realizaron son o cumplen con la disposición que hicieron en el 2013”, expuso el alto funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Castro explicó que el Incopesca se limitó a desarrollar el experimento de finales del año pasado. Sin embargo, cree que deben desarrollarse otros estudios sobre exclusión de pesca incidental o fauna de acompañamiento al camarón en otros lugares del país y en diferentes épocas del año.
“Es cierto que existen, por un lado, algunas afirmaciones contrarias de los resultados obtenidos en los estudios, los investigadores dicen hace falta más investigación, en eso nosotros no tenemos una posición. Pero la investigación siempre tiene que ser constante para tener información para la toma de decisiones”, puntualizó Castro.
Cuando los magistrados de la Sala IV consideraron que la técnica tradicional de arrastre provoca severos daños ambientales, dejaron abierta la posibilidad de otorgar nuevas licencias mediante una ley, si estudios técnicos y científicos demuestran la efectividad de dispositivos excluidores de otras especies, que hagan esta pesca compatible con el ideal del “desarrollo sostenible democrático”.
Investigadores de las universidades de Costa Rica (UCR) y Nacional (UNA), así como sectores ambientalistas, cuestionan el proyecto y el estudio del Incopesca, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) advirtió de que la iniciativa de ley podría ser inconstitucional.
Incluso, pescadores artesanales se presentaron a la Asamblea Legislativa el 24 de octubre para opornerse al proyecto, al advertir que la técnica reduce la disponibilidad de las espacies que ellos capturan.
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El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseveró que lo que él busca es una solución “productiva y sostenible para los pescadores”, principalmente los de Puntarenas.
“En el corto plazo es difícil y eso ha sido parte de la controversia. El año pasado nosotros corrimos para poder realizar los primeros estudios que dieron pie a este proyecto de ley que se presentó. Siempre hicimos la salvedad de que eventualmente para promover algo en esa pesca se necesitaba de más estudios.
"No obstante, los diputados presentaron este nuevo proyecto que tiene un punto de vista de la Procuraduría y que, en todo caso, si fuese aprobado en primer debate, como parece que ocurriría, tiene que pasar la prueba de la Sala Constitucional”, indicó el mandatario.