Ayer, sobre la misma mesa en la que hace 71 años se firmaron las Garantías Sociales, el presidente Luis Guillermo Solís anuló el veto que Laura Chinchilla le impuso a la Reforma Procesal Laboral, en octubre del 2012.
Esa reforma permite las huelgas en servicios esenciales como los que dan hospitales, la Policía, los puertos y aeropuertos y el transporte público. Además, prohíbe al patrono contratar trabajadores externos para sustituir a los huelguistas.
Levantado el veto, dentro de 18 meses, este tipo de paros –hoy prohibidos por la Constitución Política– serían legales.
Sin embargo, al poner en vigencia la ley, el mandatario anunció que la próxima semana, por medio de un un decreto ejecutivo firmado por él, confirmará “la prohibición absoluta de huelga en servicios esenciales”.
Así, intenta suavizar los efectos que tiene el artículo 382 de la Reforma Procesal Laboral.
En ese artículo se permite el llamado a huelga en tales servicios, siempre y cuando los trabajadores presenten, 30 días antes, un plan que asegure la continuidad de las operaciones.
El problema es que, según la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública, un decreto ejecutivo como el que firmará Solís tiene un rango inferior a la ley, por lo que es imposible que la modifique.
La justificación del asesor legal de la Casa Presidencial, Marvin Carvajal, es que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de reglamentar las leyes, según el artículo 140, inciso 3 de la Constitución. “No se pretendería pasar por encima de una ley, sino, por el contrario, precisar sus términos, para que puedan ser comprendidos mejor”, dijo Carvajal.
Plazo irreal. El mandatario levantó el veto ante la presión de su partido aliado en el Congreso, el Frente Amplio (FA).
Esta fracción de nueve diputados hizo la exigencia con el alegato de que a la reforma laboral se le vence hoy el plazo de trámite legislativo de 4 años, lo cual, no obstante, es un vencimiento irreal.
Una moción de extensión de ese plazo fue presentada por la jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Emilia Molina, el 4 de diciembre, lo que permitía al proyecto seguir vivo.
De hecho, en la misma situación están 429 expedientes legislativos, cuya moción de ampliación evita su archivo.
Sobre ese punto, Solís adujo un supuesto riesgo de que, cumplido el plazo cuatrienal del proyecto, pueda ser archivado y perderse 10 años de trabajo.
Actualmente, la Sala IV debate sobre la potestad del presidente para anular vetos de administraciones anteriores, luego de que Solís levantara la objeción de Óscar Arias a la entrega de la calle 13 bis de San José a vendedores de artesanía que la ocupan.
Intento. El jueves, el Gobierno hizo el último intento de reunir los 38 votos para extender el plazo de la reforma, pero no cedió a las peticiones de Liberación Nacional.
El PLN exigió mantener la prohibición de huelgas en servicios esenciales, el uso de personal sustituto a los huelguistas y la opción de que un patrono reciba indemnización tras un paro.
Ante la incapacidad de conjugar las exigencias del PLN y las del Frente Amplio –que pidió levantar el veto antes de hoy– Solís se inclinó por su partido aliado.
Es más, el mandatario les tiró la pelota a los diputados para que, si tienen objeciones a su decisión, cambien la Reforma Procesal Laboral dentro de los 18 meses que faltan para que entre en vigor.
Llamó a los aliados del oficialismo, o sea el FA y el Partido Unidad Social Cristiana para que le aprueben la vía rápida al expediente legislativo 19.306, el cual es una enmienda a la reforma laboral, construida por estos tres partidos, para limitar las posibilidades de huelga en los servicios básicos esenciales.