El Juzgado Penal de Hacienda suspendió, la mañana de este lunes, la audiencia en la que se iba a conocer una solicitud de la Fiscalía General para ampliar por tres meses más la prisión preventiva contra los siete imputados por el caso del cemento chino.
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Antes de entrar a conocer esa petitoria por el fondo, un juez superior del Tribunal Penal de Juicio deberá resolver dos apelaciones que presentaron los abogados del importador cementero, Juan Carlos Bolaños, y los seis miembros de la cúpula del Banco de Costa Rica (BCR).
Incluso, se debe resolver una recusación en contra de la jueza del Juzgado Penal de Hacienda designada para conocer este caso. La defensa de los imputados la señalan de ser parcial.
Esas objeciones fueron expuestas en horas de las mañana y se resolverían en la tarde, con la cual mañana, martes, se podría entrar a conocer la solicitud de ampliación de medidas cautelares hecha por el Ministerio Público.
Según Fernando Vargas, abogado de Bolaños, se cuestionó un presunto desorden en el expediente y, minutos antes de la audiencia, la Fiscalía presentó una "gran cantidad de información" y "entrevistas importantísimas", sin darles tiempo para conocerla y analizarla.
"Hay una gran molestia por el manejo desordeno del expediente, no podemos trabajar, es una ofensa al derecho de defensa el hecho de que no podamos estar revisando documentos que están en un expediente en la Corte, documentación que no aparece, documentación que se entrega tardía".
"Ese reclamo hoy fue realizado y la gota que derramó el vaso es que el Ministerio Público trae una gran cantidad de información y dice que la pone en conocimiento hasta hoy, minutos antes de empezar una audiencia importatísima. Nosotros reclamamos y van a haber una serie de apelaciones en la tarde para resolver ese punto sobre un manejo improcedente, desordenado de la evidencia", dijo Vargas.
La defensa utilizará el recurso de la apelación, luego de que el Juzgado rechazara una serie de objeciones por aparentes actividades procesales defectuosas.
La petición del Ministerio Público debe resolverse antes del domingo 4 de febrero, pues ese día concluye la medida cautelar de tres meses de prisión preventiva que impuso el Juzgado de Turno Extraordinario de San José el 4 de noviembre del 2017.
En esa oportunidad, ese órgano consideró, tras señalamiento de la Fiscalía General, que los siete imputados poseen los medios económicos para salir del país y eludir a la justicia.
Al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, el Ministerio Público le atribuye la aparente comisión de los delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.
Los miembros de la alta gerencia del BCR son investigados por un supuesto peculado, bajo la tesis de que facilitaron la sustracción de recursos públicos con el otorgamiento de dos líneas de crédito, con un tope de $30 millones, a la firma Sinocem Costa Rica, de Bolaños, para traer cemento de China.
Los miembros de la cúpula bancaria que figuran como imputados son el gerente general suspendido, Mario Barrenechea; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos, y Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito.