Por: Natasha Cambronero 25 abril, 2015

Después de que el actual viceministro de Trabajo, Alfredo Hasbum, dejó la Dirección Ejecutiva de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), la nueva administración descubrió una deuda que podría ascender hasta ¢238 millones con la CCSS.

Según la propia Jupema, el origen del monto fue la falta de pago de parte de las obligaciones sociales entre 2003 y 2010.

Bajo la administración Hasbum, se contrató a unos 25 funcionarios por servicios profesionales que, en realidad, tenían una relación laboral con la entidad, concluyó la Junta.

La organización admite haber evadido el pago de cuotas obrero-patronales, así como vacaciones, aguinaldo y otros derechos.

Hasbum dijo desconocer la situación ocurrida en los 10 años que ejerció como director de Jupema, del 2000 al 2010.

Argumentó que el personal era contratado por servicios profesionales solo por plazos temporales y que, a los tres meses, se les incluía en planilla. Negó categóricamente ser el culpable de esa evasión a la Caja.

En el peor escenario, Jupema calculó la deuda en ¢238 millones, pero la CCSS aún no fija el monto real porque la Junta apeló ante la Comisión de Impugnaciones Patronales.

“Hasta que no se resuelva el asunto; es decir, hasta que el acto adquiera firmeza administrativa, no es procedente realizar el cobro”, explicó Luis Diego Calderón, de la Dirección de Cobros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El director ejecutivo de la Jupema, Róger Porras, reconoció que hubo una omisión en el pago de una parte del personal, pero alegó que impugnaron el proceso porque están disconformes con la suma que la Caja les pretende cobrar.

Para Porras, la deuda podría ser de ¢160 millones pues, según él, en el cálculo de ¢238 millones se incluyó a personeros que, por sus funciones, solo pueden ser contratados por servicios profesionales, como es el caso de los asesores externos.

Añadió que la actual directiva quiere ponerse al día con la Caja y los funcionarios. Aunque el informe de la CCSS solo abarcaba los años 2008, 2009 y 2010, la Administración amplió el periodo cinco años hacia atrás.

De acuerdo con Porras, la responsabilidad de que ese personal no fuera incluido en planilla fue de la administración anterior, a cargo de Hasbum.

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