Un proyecto de ley de la jefa de la Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, pretende revivir la minería de metales a cielo abierto, bajo la premisa de que se puedan otorgar permisos para explotación artesanal, así como a pequeña y mediana escala.

La iniciativa de Solís, además, plantea que se pueda realizar extracción de metales de forma subterránea.

El expediente es apoyado por las autoridades del Colegio de Geólogos, y busca que la Asamblea Legislativa revierta la decisión tomada en noviembre del 2010, cuando una reforma al Código de Minería agregó un artículo 8 bis para establecer la prohibición expresa a esa actividad.

El plan de Solís no solo revive la práctica de la minería a cielo abierto, sino que permitiría que esta actividad se pueda realizar en territorios indígenas, tanto en manos de las comunidades representadas en la asociación de desarrollo integral, como con proyectos financiados por “un agente externo”.

En el caso de ese financiamiento externo al pueblo indígena, la comunidad tendría que recibir “al menos el 40% de las ganancias”.

El plan permitiría proyectos de minería artesanal de hasta un kilómetro cuadrado. Además, habría concesiones de exploración minera de hasta 20 kilómetros cuadrados y de explotación de metales hasta de 10 kilómetros cuadrados.

El plazo de la concesión variará, según el tipo del que se trate. Para la exploración, se darán permisos de hasta cinco años, cuyo plazo se prorrogará por dos años más. Al finalizar ese permiso, la persona podrá formalizar de nuevo una solicitud ante el Estado.

En cuanto a las concesiones para explotación y beneficio de minería metálica, se otorgarán por un máximo de 25 años, que se prorrogarán por un máximo de 10 años más. Estos serían los proyectos de mediana y pequeña escala.

Para la minería artesanal, el proyecto establece que los permisos se darán para un plazo de diez años, prorrogables de forma automática por cinco años.

Cualquier gestión para solicitar permisos de exploración o concesiones de explotación minera tendrían que contar con la certificación de viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, afirmó que el gobierno no tiene ánimo de apoyar una iniciativa que permita la minería cielo abierto ni en territorios indígenas.

Explotación minera solo para vecinos

Según lo que plantea el proyecto de María Inés Solís, una persona que pida una concesión de explotación minera debe demostrar, ante la Dirección de Geología y Minas que es un vecino permanente del cantón donde quiera desarrollar un proyecto de minería.

En caso de que se trate de una sociedad interesada en explorar o explotar solicite un permiso o concesión, el 80% de los poseedores de su capital social deberá estar constituido por vecinos del cantón donde buscan desarrollar el proyecto.

El proyecto de ley incluye una prohibición expresa para el uso del mercurio en cualquier fase de la actividad de beneficiamiento de la minería artesanal.

“Lo he hecho pensando en Crucitas, porque todos bien saben la problemática de contaminación, tráfico ilegal de armas y personas, prostitución, explotación de oro, uso irregular de mercurio y de cianuro”, dijo la socialcristiana.

Según Solís, el Gobierno ha demostrado que no puede afrontar ese problema y que la Fuerza Pública no puede evitar que la gente entre a ese lugar a explotar de manera ilegal los recursos metálicos.

“Tenemos que dar el siguiente paso, que sea posible el manejo adecuado de esos recursos y que el dinero se quede en nuestro país", dijo la jefa de la Unidad.

La propuesta de Solís Quirós no es el primer intento legislativo para revivir la práctica de la minería. Ya en el Congreso existía el proyecto de los liberacionistas María José Corrales y Jorge Luis Fonseca, bajo expediente 21.584, que no ha tenido ningún avance en el Congreso, pues apenas aparece en el orden del día de la Comisión de Sociales.

La propuesta de los liberacionistas tiene una intención idéntica a la de la jefa del PUSC, quien pretende que se otorgue la explotación de minerales metálicos bajo la modalidad superficial, “en escala pequeña y mediana, así como la artesanal”.

‘Solución a problema mayúsculo’

En un video difundido por el despacho de Solís, alabaron la iniciativa de la socialcristiana Marlene Salazar, presidenta del Colegio de Geólogos; Néstor Chamorro, vicepresidente; y Fernando Nietzen, fiscal del colegio.

Salazar alegó que el proyecto permitiría un “aprovechamiento racional y moderno de los recursos con que cuenta Costa Rica”.

“Este proyecto viene a solventar un problema mayúsculo, la crisis del país en Crucitas”, dijo Chamorro. Él aseguró que hoy se produce una minería a cielo abierto irracional, ilegal y contaminante, sin ningún control ambiental, y que ha generado la reaparición de “varias enfermedades en el país”.

Chamorro destacó que los ingresos por el impuesto que paguen los concesionarios generarían ganancias al gobierno local donde haya una concesión de extracción metálica.

Los concesionarios de explotación minera tendrán que pagar a la municipalidad el equivalente a un 30% del monto total que pague por impuesto al valor agregado generado por las ventas brutas de las onzas de oro y su equivalente en gramos.

La mitad de los ingresos por la explotación minera se repartirán entre las asociaciones de desarrollo del cantón o cantones y la otra mitad quedarán en manos de la respectiva municipalidad.