Futura ministra de Trabajo cuestiona plan de Villalta para multar patronos sin intervención de juez

La futura jerarca se inclina por fortalecer la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo, pero considera inconveniente eliminar la participación de los jueces en los procesos sancionatorios sobre asuntos laborales.

“En la judicialización de las faltas y las contravenciones a la leyes de trabajo, siempre es importante que haya una revisión. Yo en este momento dejo mi puesto como jueza y he tenido la oportunidad de revisar ese tipo de procesos y hay que afinarlo (el proyecto de ley) en ese aspecto. La revisión judicial no está mal, es importante; no puede haber actos administrativos en que no pueda el ciudadano hacer esa revisión”, manifestó Esquivel, el pasado viernes, luego ser anunciada como parte del gabinete del presidente electo, Rodrigo Chaves.

En febrero pasado, el proyecto promovido por Villalta fue dictaminado positivamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.

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Esquivel aseguró que el inicio de su gestión estará marcado por fortalecer áreas del Ministerio de Trabajo, como la Inspección Laboral, la cual afrontó limitaciones durante la pandemia por la restricción en los traslados. Además, adelantó que conformará un “grupo élite” para fortalecer el diálogo social.

Multas

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Con el plan de Inspección Laboral, el jefe regional de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo podría imponer sanciones hasta de ¢10,6 millones cuando la causal la haya cometido el representante patronal de una empresa o grupo económico. La multa mínima sería de ¢462.000, equivalente a un salario base.

Actualmente, la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo debe presentar la denuncia con el acta respectiva ante el Juzgado de Trabajo y este analiza si procede la multa.

En el proyecto, las jefaturas regionales de la Inspección del Trabajo emitirían una resolución fundamentada y otorgarían al patrono un plazo de 15 días hábiles para presentar su descargo. Valorada la prueba, la jefatura emitiría una resolución final en 15 días hábiles para comunicar al patrón eventuales sanciones por infracción al Código de Trabajo.

El patrono podrá apelar la resolución en tres días hábiles ante la misma instancia, la cual deberá pronunciarse en 15 días, con lo cual se dará por agotada la vía administrativa.

Además, el proyecto establece el impago de salarios mínimos como una nueva causal para que la cartera cierre negocios por 15 días.

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez tiene 57 años y es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Es jueza laboral 3 del Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la Zona Atlántica.

De hecho, este lunes, la Corte Plena revisará una solicitud de permiso sin goce de salario planteado por ella, para asumir el Ministerio de Trabajo.

Además, Esquivel fue magistrada suplente de la Sala IV y, en el sector privado, fue gerente de Relaciones Laborales en la empresa Del Monte, en Siquirres, donde supervisaba trabajadores de fincas bananeras.