‘Empresas de papel’ pagarían impuesto por alquileres e intereses ganados en el exterior

El proyecto establecería un impuesto sobre las ganancias provenientes de inversiones pasivas en el extranjero. Las inversiones pasivas son aquellas en las que se coloca el dinero en un activo financiero con el propósito principal de obtener rendimientos financieros, sin una participación activa en la gestión o dirección de la inversión de la empresa o persona.

Durante dos días de revisión del texto en una comisión especial, los diputados incorporaron ajustes sugeridos por la UE. Por ejemplo, también se cobraría impuesto a las “empresas de papel” que obtengan ganancias en el exterior producto de capital inmobiliario.

El término capital inmobiliario hace referencia a las ganancias generadas por concepto de arrendamientos, subarrendamientos y la transferencia de derechos sobre bienes inmuebles.

Siguiendo la recomendación de la UE, los diputados decidieron ampliar las regulaciones para incluir también un gravamen a las regalías por el uso de patentes.

Del mismo modo, la regulación recaería sobre las ganancias de capital y los dividendos e intereses. Las primeras provienen de sobreprecios obtenidos en la venta de los títulos valores, como los bonos de deuda pública que se compran a un precio y luego se revenden para satisfacer necesidades de liquidez.

Los dividendos son las ganancias de una sociedad y se imputan directamente a las acciones. En el caso de los intereses, siguiendo el ejemplo de los bonos de deuda pública, la regulación aplica para el monto que se paga como contraprestación por el préstamo.

Con el proyecto, el impuesto solo recaería si el contribuyente califica como “empresa de maletín o de papel”. Ese término se refiere a entidades que no cumplen con los requisitos sustanciales de una actividad económica en el país, sino que se instalan aquí para aprovechar un portillo fiscal sobre las inversiones hechas en otros países.

Las “firmas de maletín” carecen de empleados y de infraestructura para llevar a cabo operaciones efectivas, además de que no asumen riesgos significativos al desarrollar una actividad económica.

Si estas empresas tributan sobre sus ganancias afuera, podrían deducirlo en Costa Rica. Por el contrario, las empresas que sí cumplen con una actividad económica en el país quedarían exentas de la aplicación del tributo.

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El propósito central de este proyecto es eliminar la doble no imposición que actualmente permite el sistema tributario costarricense para ganancias generadas en el exterior. Es decir, se busca que un inversor no esté exento de pagar impuestos ni en un país ni en otro..

Otro de los cambios reduce el plazo para la implementación del proyecto para que sea inmediato y eliminaron la retroactividad en casos aún en disputa.

Inicialmente los diputados aprobaron que la reforma entrara en vigencia hasta en enero del 2024, sin embargo, la UE advirtió que debía entrar en vigencia en este mes de setiembre para que pueda ser tomada en cuenta como cumplimiento.

En cuanto al transitorio eliminado, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, había advertido de que permitiría reclamos sobre cobros anteriores que afectarían las arcas de Hacienda.

De esta manera, el país saldría de la lista negra de naciones no colaboradoras en temas fiscales con la Unión Europea, a la que fue incluido a principios de este año.

Además, el proyecto tiene como objetivo evitar que la Dirección General de Tributación imponga cargas tributarias a individuos y empresas por las ganancias obtenidas a través de inversiones en el extranjero, incluso si dichas inversiones se financiaron con fondos generados en Costa Rica.

Con el fin de llevar a cabo esta propuesta, el proyecto busca modificar el artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, de manera que solo se consideren ingresos de fuente costarricense aquellos generados exclusivamente dentro del territorio nacional.

Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien propuso el texto inicial, señaló que tras alcanzar un acuerdo con otras fracciones parlamentarias y el Gobierno, se busca la aprobación del proyecto en su primer debate durante la sesión legislativa de este miércoles 30 de agosto.

Luis Fernando Mendoza, legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó que el proyecto debe quedar aprobado en los primeros días de setiembre. Precisó que el 8 de ese mes debe ser enviado un informe a los Estados miembros de la UE.

El 15 se reúnen los Estados para tomar una decisión.