Dos exdiputados del PLN van a juicio 12 años después de ser acusados por Fiscalía

Los excongresistas deberán acudir al Tribunal Penal de San José 12 años después de que el entonces fiscal general, Jorge Chavarría, los acusó de presuntamente incurrir en los “delitos sobre las contribuciones privadas y delitos relativos a recepción de contribuciones privadas ilegales”.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial, tras una consulta de La Nación. Los exlegisladores, por su parte, están confiados de que saldrán absueltos.

El Ministerio Público les achaca haber facilitado que el PLN recibiera una contribución en especie de una sociedad anónima, a pesar de que el Código Electoral lo prohíbe y lo sanciona con penas que oscilan entre los dos y cuatro años de cárcel.

De acuerdo con la tesis fiscal, Antonio Calderón, siendo secretario general de Liberación Nacional, inscribió un inmueble como club político, para la campaña del 2010, a solicitud de Óscar Alfaro. En aquel momento, ambos aspiraban a ocupar una curul en Cuesta de Moras.

Se trata de una casa en las cercanías de la Asamblea Legislativa, en San José, que pertenece a la sociedad anónima Chicharrín, cuyo socio, hasta el día de hoy, es Alfaro, según el Registro Nacional.

Ese inmueble se usó y se inscribió como casa club para actividades proselitistas liberacionistas, sin que mediara ningún pago.

Por ello, la Fiscalía acusó a Alfaro de otorgar una donación al PLN a través de una sociedad, y a Calderón por recibirla.

Los artículos 274 y 276 del Código Electoral tipifican las donaciones de sociedades anónimas como ilegales y establecen penas de dos a cuatro años de cárcel a quien las haga, así como al tesorero que la reciba. Esos hechos habían sido denunciados por el TSE, ante el Ministerio Público, a principios del 2012.

La Fiscalía General, también a través de su oficina de Prensa, confirmó a este diario que el caso, el cual se tramita bajo el expediente 12-000002-0033-PE, se encuentra en el Tribunal Penal de San José.

‘Raíces inconstitucionales’

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Consultado por este medio, Antonio Calderón remitió a su abogado Mario Soto, quien aseguró que, en el juicio, demostrará que a su representado se le violentó su derecho a la defensa y al debido proceso. Argumentó que el TSE, el denunciante de los hechos, nunca lo llamó a audiencia, ni le informó de los hechos. Alegó contar con un fallo de la Sala Constitucional del 2019 que respalda su tesis.

“Este es un caso de raíces inconstitucionales (...). Hay contradicciones con la ley muy claras que me reservo, y también hay violaciones muy graves a los derechos humanos, y esas contradicciones van a aclarar las cosas durante el juicio”, manifestó Soto.

Por su parte, Óscar Alfaro dijo sentirse confiado de que la situación se aclarará en los tribunales y de que saldrá absuelto de este caso que calificó como “insensato”.

“Estoy satisfecho de que se pueda aclarar esta situación, que la justicia proceda y, por supuesto, que estoy confiado de que esto va salir bien. Se trata de un caso que nunca debió ser llevado a una acusación, hasta la misma Procuraduría no intervino en el tema porque no tenía interés, ya que no hay ningún perjuicio para el Estado.

“Efectivamente, hay una norma en el Código Electoral, en aquella época, de reciente entrada en vigencia, pero ya ese inmueble se estaba usando desde tiempo atrás a la llegada de la ley, pero a veces considera uno que las interpretaciones son perversas, porque el tema es que no se cobró, pero si se hubiese cobrado, no se hubiese dado ninguna transgresión, de acuerdo a lo que ellos manifiestan”, afirmó Alfaro, quien agradeció que el caso se esclarezca después de más de una década de espera.