Hace 76 años, luego del estallido de la guerra civil de 1948, la ciudadanía se dividió en dos bandos. El evento marcó un giro en la política y permeó en los salones de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde un grupo de profesores y estudiantes fue perseguido por tribunales estudiantiles debido a sus ideales políticos, obligándolos a abandonar la casa de enseñanza y, en algunos casos, el país.
El jueves pasado, trascendió que el Consejo Universitario de la UCR acordó disculparse con 22 profesores y estudiantes de aquella época, además de que busca a sus familiares para que participen en una ceremonia. La universidad colocará una placa en la plaza 24 de Abril, para reivindicar a los afectados.
¿Cómo funcionaron los ‘tribunales de ética’ estudiantiles?
La UCR tenía siete años de existencia cuando, el 12 de marzo de 1948, estalló la guerra civil. Al finalizar conflicto y reanudarse clases, estudiantes se organizaron en tribunales para juzgar públicamente a profesores y alumnos que no compartían la ideología del bando vencedor, el de José Figueres Ferrer.
Los “tribunales de ética” contaron con el apoyo de los docentes, según lo describió la historiadora costarricense Patricia Fumero en su publicación “Se trata de una dictadura sui generis”: La Universidad de Costa Rica y la Guerra Civil de 1948.
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En la publicación, Fumero explica que los “tribunales” escogían a dedo a los acusados, afines al bando de Rafael Ángel Calderón Guardia, de cometer supuestas transgresiones antes o durante la guerra civil. Al imputado se le notificaba la resolución del tribunal estudiantil y se le otorgaba un plazo de dos o tres días para presentar una defensa. En este proceso, se requería la presentación de testigos a favor del acusado.
Según la investigación de Fumero, el Consejo Estudiantil Universitario envió, en mayo de 1948, un comunicado a la prensa nacional con una lista de profesores y estudiantes “colaboracionistas”, algunos de los cuales aparentemente habían ayudado al bando “mariachi” (calderonista) a tomar las instalaciones universitarias, ubicadas donde hoy está el Primer Circuito Judicial de San José, en barrio González Lahmann. Otros fueron señalados por supuesta beligerancia en su cátedra.
Entre los profesores afectados, estaban Luis Demetrio Tinoco Castro, Fernando Chaves Molina, José Merino y Coronado, Jorge Volio Jiménez, Héctor Beeche Luján, Roberto Campabadal Tinoco, Manuel de la Cruz González, Jaime Soley, Hernán Zamora Elizondo, Julián Zamora Dobles, Salvador Umaña, Rodrigo Cordero Zúñiga, Rodrigo Vargas Antillón, José Amador Guevara y Fabián Dobles.
En tanto, en la lista de estudiantes figuraban Mario Rueda Porras, Álvaro Gené Sojo, Guillermo Villalobos Arce, Oscar Bakit Padilla y Fernán Rodríguez Gil.
En las publicaciones de la prensa nacional, se les exigió la renuncia inmediata a los profesores, dándoles un plazo máximo de 24 horas para hacerla; de lo contrario, enviarían batallones de estudiantes a las puertas de la Universidad para impedir su ingreso al recinto. Para los estudiantes, se pedía una expulsión de dos años.
La historiadora costarricense describió que los profesores acusados no encontraron, en su ideología política, una razón de peso para abandonar sus labores. Entonces, estudiantes de todas las facultades se manifestaron por 24 horas.
¿Qué ocurrió con los profesores y estudiantes?
Luis Demetrio Tinoco Castro encabeza la lista por la cual hoy la institución universitaria rinde disculpas. Él fue el primer rector del centro universitario. Además, fue el secretario de Educación que firmó la ley de creación de la UCR en 1940, junto al entonces presidente Rafael Calderón Guardia (1940-1944).
Meses antes de que estallara el conflicto armado, en 1947, un estudiante lo acusó de mantener una abierta beligerancia política. Esto fue secundado por profesores y dio como resultado su salida en ese año, relata la publicación académica.
En los testimonios recolectados por Fumero, se detalla que, en algunas facultades, quienes se negaban a renunciar eran detenidos por las fuerzas militares de entonces. Tal fue el caso del profesor Manuel de la Cruz González. Apresado, lo pasearon por un camión a través de la Avenida Central junto con otros detenidos.
Por su parte, el docente Jorge Volio Jiménez, decano de la Facultad de Letras y Filosofía, no presentó su renuncia, pues consideró que no había cometido ningún acto anómalo. La negativa llevó a que los estudiantes cerraran la facultad e impidieran el curso normal de las lecciones. El conflicto se solucionó cuando Volio presentó su renuncia.
La publicación de Fumero precisa que los impactos de las acusaciones de los “tribunales de ética” no se limitaron al ámbito académico. Por ejemplo, en el caso del estudiante Mario Rueda Porras, las consecuencias lo obligaron a exiliarse en Puerto Armuelles, Panamá, aunque se le permitió defender su título de Licenciatura en Farmacia en 1952.
Otros, como Álvaro Gené Sojo y Fernán Rodríguez Gil, optaron por exiliarse en Venezuela y nunca regresaron a Costa Rica.
Guillermo Villalobos Arce, por su parte, pasó dos años exiliado en El Salvador, aunque gracias a la intervención del rector Fernando Baudrit, pudo regresar para completar su carrera de Derecho.