Diputados también excluyen a universidades de normas sobre despidos en plan de empleo público

Los diputados también excluyeron a las universidades, este miércoles, de la aplicación de las normas generales sobre despido de funcionarios en el proyecto de reforma al empleo público.

Así lo hicieron seis miembros de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprobaron la moción de fondo número 235. Solo dos votaron en contra.

A favor de esa propuesta estuvieron Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Luis Fernando Chacón, David Gourzong y Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN); la independiente Zoila Volio y el frenteamplista José María Villalta, quien todavía sustituye a la socialcristiana Aracelly Salas.

En contra votaron Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y el independiente Jonathan Prendas.

La moción, firmada por congresistas de Liberación Nacional, Acción Ciudadana y el independiente Dragos Dolanescu, establece que las instituciones estatales de educación superior universitaria emitirán su propia normativa interna en materia de procedimientos de despido.

El cambio se opera en el artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público, el cual detalla los principios para los procedimientos de despido en todas las instituciones en las que se aplicará la normativa.

Por ejemplo, ese artículo dice que se harán los despidos por las causales establecidas en el Código de Trabajo o actos que impliquen infracciones graves o gravísimas a leyes, reglamentos, reglamentos autónomos de servicio o interiores de trabajo aplicables a cada familia de puestos.

Incluso, se establece que una causal de despido será obtener dos evaluaciones seguidas con calificación inferior al 70%, ya en firme, agotado el procedimiento de impugnación.

Igualmente, se establece que los despidos se entenderán sin responsabilidad para la administración pública y hará perder a la persona servidora todos los derechos establecidos por la ley y la normativa correspondiente a cada familia de puestos.

La moción aprobada incluye un párrafo al final de ese artículo que dice, literalmente, que las universidades emitirán normativa interna para regular los procedimientos de despido, de acuerdo con los artículos de la Constitución Política que garantizan la autonomía universitaria.

Además, en lugar de referirse a la propuesta del plan sobre empleo público, el párrafo dice que, cuando no haya normativa institucional, aplicará la Ley General de la Administración Pública, las normas de derecho público y sus principios generales, así como el Código de Trabajo y el Procesal Civil.

El independiente Jonathan Prendas rehusó apoyar la propuesta, pues dijo que va en la línea de la moción aprobada este martes por el PLN, el PAC y el Frente Amplio que le dio potestad plena a las universitarias de aplicar o no las normas del plan de empleo público.

“Cualquier puerta o exclusa que se quiera abrir no tiene mayor lógica, porque ya ayer se le puso un filtro, de que está en ellos aceptar o no las disposiciones de esta ley”, acotó Prendas.

Por su parte, el socialcristiano Pablo Abarca alegó que la moción aprobada este miércoles solo contribuye a “echarle agua a la olla de carne”.

“Es innecesaria porque los señores feudales, después de la reunión se ponen de acuerdo, van y se lo informan al rector de empleo público. Ampliar esto es querer constituir un juzgado ahí. Va en contra de la lógica constitucional”, acotó el socialcristiano.

Agregó que, incluso, el Poder Judicial tiene que someterse a la normativa del Servicio Civil, por lo que consideró que el ajuste realizado al texto “va en contra de la lógica constitucional”.

Mientras tanto, la oficialista Paola Vega atacó a la Unidad, porque dice que ese partido en realidad ya tiene bien definida su intención de votar en contra del plan de empleo público y que así se lo han dicho a algunos periodistas.

Vega alegó que es mentira “lo que están diciendo algunos diputados que excluimos a las universidades y creamos un feudo, no se vale mentir así”.

La legisladora, si bien no forma parte de la Comisión de Gobierno y Administración, adujo que la moción busca complementar lo aprobado antes que dejó por fuera a las universidades de un gran ámbito de aplicación de la normativa.

“No puedo creer que se le dé tan poco valor a la autonomía universitaria. Lo mismo se hizo con las municipalidades y nadie ha vociferado, porque los alcaldes les mueven votos en las convenciones internas”, aseveró Vega.

El liberacionista Luis Fernando Chacón sostuvo que todas las dependencias públicas seguirán realizando sus labores según la normativa que les ataña y señaló que, en el ámbito de cobertura, el plan les aplica a todas las personas servidoras públicas.

Agregó que, dentro del ámbito de acción, siguen estando las universidades.

“No ha habido ninguna moción, ni ayer ni hoy, que se preste a duda de que estamos modificando el ámbito de cobertura. Lo que estamos es aclarando, para evitar interpretaciones de que estamos rozando la autonomía universitaria constitucional”, alegó el liberacionista.

Agregó que los diputados no se están metiendo en la gobernanza interna de las instituciones.