Los diputados podrían debatir más de 14 horas sobre la elección del nuevo jerarca de la Defensoría de los Habitantes, nombramiento que se debate entre, principalmente, Erick Ulate y Laura Arguedas.
El primero es actual directivo del Consejo de Transporte Público (CTP) y fue fundador de la asociación Consumidores de Costa Rica. La segunda es jefa de asesores del PLN en la Asamblea y fue candidata a vicepresidenta y funcionaria de la Defensoría.
Tal como lo establece el Reglamento de la Asamblea Legislativa, cada legislador tiene derecho a hablar por el fondo durante 15 minutos en la discusión sobre el nuevo defensor o defensora.
Si los 57 miembros del pleno legislativo usaran la palabra por todo el tiempo a que tienen derecho, eso sumaría 14 horas con 25 minutos. En caso de que la sesión del plenario se dedicara totalmente a ese debate, serían cinco sesiones de tres horas cada sesión para agotar la discusión.
A eso se suman los 30 minutos que pueden tomarse los miembros de la Comisión de Nombramientos del Congreso para explicar los dictámenes que emitieron, luego de hacer el análisis previo de las candidaturas a la Defensoría.
Como existen dos informes, uno de mayoría y otro de minoría, los firmantes del informe de mayoría se tuvieron que repartir 15 minutos, mientras que Antonio Ortega, del Frente Amplio, utilizó 15 minutos para presentar su informe de minoría.
De hecho, ya este jueves los legisladores agotaron dos horas y media en el debate por el fondo, más 30 minutos por la explicación de los dictámenes.
Eliécer Feinzaig, jefe del PLP, hizo un llamado a los demás congresistas para que se hicieran intervenciones en afirmativo y no con el fin de atacar en negativo a los postulantes, para “no destruir honras ajenas” y no dedicarse “a la tiradera de basura”.
La liberacionista Montserrat Ruiz alegó que nadie debía decirle qué decir ni qué hablar, y enfatizó que su posición a favor de Laura Arguedas busca proteger la Defensoría, máxime con el botín político con, consideró, han sido los derechos humanos.
Antonio Ortega reiteró que el Frente Amplio se opone a la candidatura de Ulate y dará sus seis votos a la postulación con mayores posibilidades de evitar ese nombramiento.
Aparte de los cuestionamientos por sus votos en el Consejo de Transporte Público, también el frenteamplista señaló que Ulate había mentido cuando, primero, le preguntaron si tenía vinculación partidaria y luego, en la Comisión de Nombramientos, reconoció que era parte de la estructura cantonal y provincial del PLP.
“Recibió financiamiento de los transportistas, demostrado en cotizaciones de hoteles y alimentación para realizar actividades dizque en actividades para defensa de los usuarios”, citó Ortega por una publicación del Semanario Universidad.
El oficialista Daniel Vargas cuestionó las intervenciones de otros legisladores y adujo que estos estaban equivocados al creer que la Defensoría se enfoca en la protección de los derechos humanos, pues dijo que se basa en la protección de todos los derechos de los costarricenses.
“El defensor va muchísimo más allá de la defensa de los derechos humanos. Algunos legisladores insinúan que hay negociaciones y compadre hablado, o que el sector autobusero tendría un representante. Parece más una cortina de humo. Parece ser que la forma de comportarse de un tal Calandrelli ha hecho mella en algunos compañeros diputados, quienes sin pruebas disparan apreciaciones personales”, dijo.
En la sesión de hoy, se habría requerido de 28 votos para ganar la elección, justo los que habría recibido Erick Ulate con apoyo de los partidos Progreso Social Democrático (PPSD, con nueve presentes), la Unidad Social Cristiana (PUSC, con nueve miembros), Nueva República (PNR, con seis miembros) y el Liberal Progresista (PLP, con cuatro de los integrantes).
Los 19 de Liberación Nacional (PLN) apoyarían a Laura Arguedas y a ellos se sumarían seis votos del Frente Amplio.
Dos del PLP, Jorge Dengo y Kattia Cambronero, manifestaron que no darían el voto para ninguno de los cuatro nombres recomendados por la Comisión de Nombramientos para la Defensoría.
Intento fallido de aligerar el nombramiento
Más temprano este jueves, para evitar esa extensa discusión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, intentó, durante la reunión de las jefaturas de las fracciones políticas, que se agotara la discusión mediante un debate reglado.
La propuesta era repartir 120 minutos, es decir, dos horas entre las seis fracciones legislativas, de forma proporcional a la cantidad de diputados que las integran.
En ese caso, Liberación Nacional (PLN) habría tenido derecho a 40 minutos, Progreso Social Democrático (PPSD) a 22 minutos, la Unidad Social Cristiana (PUSC) a 20 minutos, Nueva República podría hablar por 14 minutos, mientras que el Frente Amplio y el Liberal Progresista (PLP) habrían podido hablar por 12 minutos cada bancada.
Aunque la propuesta de Arias tuvo el aval de las cuatro fracciones que apoyan la candidatura de Erick Ulate (PPSD, PUSC, PLP y NR), no encontró buen ambiente en Liberación y el Frente Amplio, que se oponen abiertamente a Ulate.
Esa posibilidad se cayó cuando, al inicio de la sesión del plenario, tanto Kattia Rivera, vocera del PLN, como Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, explicaron que los miembros de sus respectivas bancadas se apegarían al Reglamento y utilizarían todo el tiempo para referirse al tema.